La presentación de un proyecto de ley de biocombustibles, que realizó un sector del bloque de diputados del oficialismo el jueves pasado, puso en estado de alerta a la amplia mayoría de las cámaras empresarias de esta industria, ya que su eventual sanción pone en riesgo de desaparición a muchas empresas que invirtieron cientos de millones de dólares y que aportan empleo y beneficios ambientales, sociales y económicos en todo el país.
Lamentablemente, «los autores del proyecto solo consultaron a unas pocas entidades y/o empresas productoras de biocombustibles para realizarlo», afirman desde el sector.
En tal sentido, «consideramos que el proyecto presentado va a contramano con las tendencias ambientales mundiales, reduciendo drásticamente el uso de biocombustibles y cerrando toda posibilidad de crecimiento de la actividad».
Los biocombustibles permiten una reducción de 70% en la emisión de gases de efecto invernadero con respecto a los combustibles fósiles y son la herramienta privilegiada para disminuir el fuerte impacto ambiental y sanitario de los combustibles fósiles, en particular con el nuevo impulso mundial al Acuerdo Climático de París y el plan del presidente de Estados Unidos, Joseph Biden, para una revolución de energía limpia y justicia ambiental.
«La iniciativa establece una reducción de la mezcla de biodiésel en el diésel del 10% al 5%, pudiendo bajar incluso al 3 %, y abre las puertas a una disminución del 12% actual al 9% en el caso del bioetanol, discriminando injustamente a las plantas productoras en base Maíz al hacer caer dicha reducción exclusivamente en las mismas», agregan.
De aprobarse este proyecto de ley, la industria bioenergética iniciará un camino de decadencia, en vez de transformarse en un vector de desarrollo económico, ambiental, social y regional como fue hasta ahora.
El sector de los biocombustibles considera que «con el proyecto presentado se desperdicia todo el valor agregado, las inversiones realizadas y la productividad que ofrece el campo y la agroindustria, privilegiando el desarrollo de la actividad de refinación de petróleo, además de retroceder en materia de mejoras medioambientales que van a favor de la salud de la población».
Asimismo, implicará que la Argentina desaproveche una capacidad instalada ya existente, la que motiva a proponer todo lo contrario de lo que este proyecto propicio: Aumentar el uso de biocombustibles como nuevo paradigma de crecimiento y de beneficio medioambiental.
Cualquier eventual reducción de las mezclas atenta contra le legislación vigente, principalmente en cuanto al principio de progresividad establecido en el Acuerdo de París de 2016, firmado por la Argentina en la sede de la ONU y ratificado por la Ley N° 27.270, incluido en la Ley Nacional Ambiental N°25.675 de 2002.
La industria espera que haya una prórroga de la ley actual, tal cual fue aprobada por unanimidad en el Senado de la Nación, y que durante el transcurso de la misma se pueda tener oportunidad de debatir seriamente el futuro de los biocombustibles, evitando así que se imponga un proyecto improvisado que perjudica a toda la cadena de valor de la soja y del maíz.
