La Administración General de Puertos Sociedad del Estado, efectuó en las últimas horas una reunión entre todas las partes que componen el funcionamiento de la hidrovía Paraná-Paraguay tras el conflicto generado bajo la gestión del presidente Alberto Fernández. Cuando en aquel momento se decidió cobrar un peaje de 1,47 dólares por tonelada.
Lo cual generó una protesta de todos los países que son parte del convenio al argumentar que se estaba incumpliendo el acuerdo de Santa Cruz de la Sierra. El cual establece un marco normativo común para el transporte por la hidrovía. Y favorece el desarrollo y el transporte comercial en la región con el objetivo de modernizar y sumar eficiencia a las operaciones de navegación.
El abono de dicho monto en el trecho del río Paraná entre la Confluencia y el puerto de Santa Fe terminó produciendo un roce diplomático entre Argentina y Paraguay. Por tal motivo y a raíz de lo sucedido, se generó un cónclave con la meta de acercar las partes y destrabar dicho inconveniente bilateral. Además de establecer pautas para mejorar las condiciones de acceso y transitabilidad.
Entres los asistentes estuvieron la Comisión Permanente de Transporte de la Cuenca del Plata (CPTCP), el Centro de Armadores Fluviales y Marítimos (CAFyM), la Cámara Paraguaya de Terminales y Puertos Privados (CATERPPA), sumado a los representantes políticos de ambos países. La gestión la generó el presidente Javier Milei y fue encabezada la reunión por la AGPSE (Administración General de Puertos Sociedad del Estado).
Finalmente, mediante un comunicado quedaron establecidas las puntas a seguir y fueron informados los restantes integrantes del Comité Intergubernamental de la Hidrovía Paraguay-Paraná que integran, junto a Argentina y Paraguay, Bolivia, Brasil y Uruguay. Dicho órgano político es para el funcionamiento del acuerdo de transporte fluvial de la hidrovía firmado en Las Leñas en 1992 por las cinco naciones mencionadas.
