En Ricardone, un grupo de familias interpuso una medida administrativa urgente solicitando la prohibición de innovar y un pronto despacho contra el nuevo sistema de ingreso por sorteo implementado en la Escuela de Educación Técnico Profesional N° 383 Dr. Julio I. Maiztegui. La decisión estatal, calificada de arbitraria y abrupta, ha dejado sin banco a 34 alumnos locales que articulaban con la escuela primaria N° 220 del pueblo, vulnerando derechos adquiridos y generando un clima de inseguridad jurídica.
El conflicto comenzó con el cambio inesperado en las reglas de inscripción secundaria. Tradicionalmente, las familias seguían un proceso que aseguraba la prioridad para alumnos locales y egresados de la escuela primaria de Ricardone. Sin embargo, este año, sin previo aviso, se implementó un sorteo que eliminó dichas prioridades, incluyendo a estudiantes locales junto con aspirantes de otras localidades.
Cronología del reclamo
El proceso de inscripción virtual se realizó entre el 4 y el 8 de noviembre, con la entrega presencial de documentos en la institución prioritaria, como se venía haciendo desde hace años. Sin embargo, días después, las familias recibieron un correo informando sobre el nuevo sistema de sorteo, amparado en el decreto 181/09, que desconocía la prioridad histórica de los residentes locales. Esto generó indignación en la comunidad, ya que la decisión fue unilateral, sin notificación previa ni fundamentos sólidos.
Entre el 7 y el 10 de noviembre, los vecinos recolectaron 180 firmas en un petitorio exigiendo que se mantuviera el sistema de prioridad local. El 11 de noviembre, padres y alumnos llevaron el reclamo al Ministerio de Educación en Rosario, donde fueron recibidos por Sergio Libonatti y Alejandrina Giovagnoli. Se redactó un acta y se prometió evaluar el pedido, pero no se obtuvo una respuesta concreta.
El 12 de noviembre, representantes comunales también se sumaron al reclamo, admitiendo la falta de transporte público como otro factor crítico que afecta la continuidad educativa de los estudiantes. Finalmente, el 19 de noviembre, tras el sorteo, 34 alumnos quedaron sin banco, lo que impulsó a las familias a tomar acciones legales.
Fundamentos de la acción administrativa
La medida presentada se basa en el principio de confianza legítima, que establece que los ciudadanos tienen derecho a confiar en la estabilidad de los actos estatales, especialmente aquellos que afectan decisiones familiares y educativas. Las familias argumentan que el cambio abrupto vulneró derechos adquiridos y generó una alteración injustificada en la planificación de las vidas de los estudiantes y sus familias.
Además, destacan que el sistema de sorteo desarticula el statu quo que garantizaba la articulación entre las instituciones educativas locales, afectando no solo el presente, sino también el futuro de los jóvenes del pueblo. La decisión de modificar las reglas de ingreso sin previo aviso ni consenso fue calificada como imprevisible, arbitraria y anárquica, generando un clima de inseguridad jurídica inadmisible.
Impacto en la comunidad
La implementación de este nuevo sistema no solo deja a decenas de jóvenes sin acceso a la educación secundaria en su propia localidad, sino que también pone en evidencia problemas estructurales como la falta de transporte público para los estudiantes que deben trasladarse a otras localidades.
El jefe comunal de Ricardone, Facundo Morandin, junto con autoridades locales, ha intentado mediar con el Ministerio de Educación, buscando soluciones para los alumnos perjudicados. Sin embargo, hasta el momento, no se han adoptado medidas concretas para revertir la situación.
Un pedido de justicia urgente
La presentación busca revertir esta medida y garantizar que los estudiantes locales puedan acceder a la educación secundaria en condiciones justas y previsibles. Las familias confían en que la justicia intervendrá para restablecer los derechos vulnerados y proteger el acceso a la educación, esencial para el desarrollo de la comunidad.
Mientras tanto, el conflicto sigue generando preocupación en Ricardone, donde las familias piden respuestas inmediatas y un compromiso real del estado para garantizar una solución justa y equitativa para los jóvenes del pueblo.
