La causa, de fuerte impacto, se convirtió en el primer proceso concluido bajo el nuevo esquema judicial, que introduce cambios clave en los tiempos y la dinámica de los juicios. La jueza de Menores Fabiola Piemonte destacó que uno de los ejes centrales de la reforma es la rapidez: “El proceso comenzó en julio de 2025 y en menos de un año ya tenemos un fallo. Antes, esto podía demorar entre uno y dos años”.
El juicio se desarrolló en formato oral y concentrado: en apenas tres jornadas se llevaron adelante las audiencias completas, con presentación de pruebas, testimonios, alegatos y lectura del veredicto. Este modelo deja atrás el sistema escrito e inquisitivo, permitiendo respuestas más ágiles tanto para las víctimas como para los imputados.
En esta primera instancia, el tribunal resolvió declarar al joven autor penalmente responsable de homicidio simple. Sin embargo, la pena aún no fue definida: el proceso prevé una segunda etapa donde se determinará la sanción. Según explicó la magistrada, por tratarse de un menor corresponde una reducción de la escala penal, lo que ubicaría el mínimo en torno a los cuatro años de prisión, aunque la cifra final se conocerá tras una nueva audiencia.
Piemonte también se refirió al debate sobre la edad de imputabilidad y planteó que el foco no debe limitarse a ese punto: “Durante décadas no se actualizó una normativa que necesitaba adaptarse a estándares internacionales. El problema es más amplio y estructural”.
En ese marco, advirtió sobre el contexto actual en el que crecen los jóvenes: mayor acceso a entornos digitales donde circula contenido delictivo, y un aumento en la relevancia de las pruebas informáticas dentro de las investigaciones judiciales.
La jueza también puso el acento en factores sociales: dificultades en la comunicación dentro de las familias, ausencia de espacios de contención y una naturalización de la violencia en la vida cotidiana. “Los jóvenes no son ajenos a lo que pasa en la sociedad. Muchas veces replican esas conductas”, sostuvo.
De cara al futuro del adolescente condenado, Piemonte remarcó que el objetivo del sistema juvenil sigue siendo la reintegración. “La pena debe ser el último recurso y aplicarse por el menor tiempo posible, especialmente cuando se trata de un primer delito y contextos complejos”, afirmó.
Finalmente, consideró que la implementación del nuevo código no implicará necesariamente un aumento de delitos graves, pero sí una mayor cantidad de casos dentro del sistema judicial debido a las nuevas reglas de intervención. “El desafío será lograr equilibrio entre rapidez, garantías y verdaderas oportunidades de reinserción”, concluyó.
