La ciudad de San Lorenzo atraviesa una crisis judicial sin precedentes en su único Juzgado de Familia, el cual se encuentra actualmente acéfalo tras la jubilación del Dr. Escola, una situación que se anticipaba desde hace dos años pero que no fue resuelta a tiempo por las autoridades provinciales. El abogado Gabriel Filipini, integrante del reclamo llevado adelante por los profesionales del distrito, advirtió que el tribunal está completamente desbordado al recibir entre 15 y 20 denuncias diarias por violencia familiar y de género, una demanda que se vuelve inmanejable sin un juez titular que dicte las resoluciones pertinentes. Las estadísticas que surgen del sistema informático oficial son contundentes: mientras un juzgado civil de primera instancia recibe un promedio de 1.000 causas, el de Familia de San Lorenzo triplica esa cifra superando los 3.000 expedientes anuales.
Esta parálisis institucional impacta de lleno en la protección de los derechos más elementales, demorando procesos críticos sobre alimentos y regímenes de comunicación que afectan directamente a los menores de la región. Filipini destacó la complejidad social de la jurisdicción, mencionando casos recurrentes donde abuelos terminan con sus ingresos embargados debido al incumplimiento crónico de las cuotas alimentarias por parte de los progenitores. Además de los conflictos domésticos, el juzgado funciona como el único órgano de control de las medidas de protección que toman los organismos de niñez provinciales y municipales, interviniendo incluso en crisis de acceso a la educación cuando los niños se quedan sin bancos en las escuelas locales.
El profesional calificó la falta de respuesta del Estado como una deuda histórica con la ciudad de San Lorenzo, recordando que diversos proyectos legislativos para crear un segundo juzgado de familia y otro laboral perdieron estado parlamentario en repetidas ocasiones. Si bien el fuero laboral logró cubrir su vacante recientemente tras dos años y medio de espera, todavía arrastra un cúmulo de 300 causas listas para fallo que estuvieron congeladas por la falta de un juez titular que firmara las sentencias. A pesar de que la reciente ampliación de los tribunales de San Lorenzo garantiza el espacio físico necesario, el obstáculo presupuestario para designar más magistrados y personal administrativo sigue limitando un servicio de justicia que hoy se muestra insuficiente ante la realidad del cordón industrial más importante del país.
