En San Lorenzo rige una normativa clara que prohíbe la actividad de cuidacoches, limpiavidrios y prácticas similares en la vía pública. El Municipio decidió hace varios meses dar un paso más. Por eso, avanza en la aplicación efectiva de la ordenanza, con presencia permanente de personal municipal en los puntos más conflictivos del centro de la ciudad.
La medida, que internamente ya es identificada como una suerte de “división caza trapitos”, tiene como objetivo impedir que estas personas se instalen en espacios públicos. Además, se busca impedir que cobren de manera informal por el estacionamiento de vehículos.
Custodia municipal en la Plaza San Martín y zonas bancarias
Desde la Secretaría de Control se dispuso personal que cumple una función de articulación entre el municipio y las fuerzas de seguridad. Estos agentes no tienen facultades represivas. Sin embargo, sí tienen la responsabilidad de alertar a la autoridad correspondiente ante la presencia de cuidacoches y evitar que se consoliden en determinados sectores.
Uno de los puntos con mayor presencia de este personal es la Plaza San Martín. Allí Gabriel —empleado municipal— se desempeña de lunes a viernes en horario central. Cumple tareas de custodia preventiva para garantizar el cumplimiento de la ordenanza.
Otros sectores bajo control permanente son la zona bancaria de Bulevar Urquiza y avenida San Martín, las inmediaciones del Palacio Municipal, y la intersección de Dr. Ghio y avenida San Martín. Estos lugares fueron históricamente señalados por vecinos y comerciantes como focos de esta actividad.
La ordenanza que prohíbe la actividad en toda la ciudad
La Ordenanza N° 4212 establece de manera expresa la prohibición de “la actividad en la vía pública vinculada al cuidado de vehículos, servicios de limpieza o lavado de vidrios y/o vehículos, así como toda otra actividad de similares características”, en todo el ámbito de la ciudad de San Lorenzo.
El texto también contempla sanciones para quienes, mediante actos extorsivos o de hecho, se arroguen preferencias de uso sobre la calzada o alteren la fluidez y seguridad del tránsito sin autorización municipal.
Las penalidades previstas incluyen multas de entre 10 y 200 Unidades Fijas, además de la posibilidad de imponer tareas educativas o concientizadoras.
Respaldo de vecinos y comerciantes
La implementación activa de esta política fue bien recibida por vecinos y comerciantes del centro. Ellos valoran que el municipio avance en el cumplimiento de una norma ya vigente y largamente reclamada.
Desde el Ejecutivo local señalaron que el esquema de control se mantendrá en el tiempo. Por otra parte, la presencia municipal en la vía pública forma parte de una estrategia más amplia para ordenar el espacio urbano, garantizar la convivencia y evitar situaciones de presión o extorsión sobre automovilistas.
