El colapso judicial en San Lorenzo es un reflejo de la desidia institucional que afecta a la provincia de Santa Fe. Actualmente, tres de los cuatro juzgados de Distrito de Primera Instancia de la ciudad no cuentan con jueces en funciones, ya sea por licencias, jubilaciones o problemas de salud, dejando un vacío de poder que impacta en la administración de justicia y en los derechos de los ciudadanos.
La situación es particularmente grave en el fuero laboral, donde hace más de un año que no hay un juez en funciones, lo que paraliza causas clave para los trabajadores y empresas de la región. Sin resoluciones ni avances, cientos de expedientes se acumulan sin respuestas, generando un clima de incertidumbre que afecta la seguridad jurídica y el desarrollo económico del Cordón Industrial más importante del país.
Una crisis que vulnera derechos fundamentales
La falta de jueces en San Lorenzo no solo es una cuestión administrativa, sino que representa una violación al derecho a la tutela judicial efectiva, garantizado en la Constitución Nacional, en la normativa provincial e incluso en tratados internacionales de derechos humanos.
El correcto funcionamiento de los tribunales es fundamental para garantizar la seguridad jurídica de todos los ciudadanos. Sin jueces en funciones, los procesos judiciales se paralizan, las víctimas de delitos y conflictos civiles quedan sin respuesta y la impunidad avanza sin control.
En un contexto donde Santa Fe es una de las provincias más afectadas por la criminalidad organizada, con mafias que operan sin restricciones, el colapso del sistema judicial no hace más que profundizar la desprotección de la sociedad.
¿Dónde está la Corte Suprema de Santa Fe?
La Corte Suprema de Justicia de Santa Fe es el organismo que debería velar por el correcto funcionamiento del sistema judicial. Sin embargo, su falta de acción en la designación de jueces y en la garantización del acceso a la justicia demuestra un desinterés alarmante.
Mientras la provincia se hunde en una crisis de seguridad sin precedentes, la justicia sigue postergada en el orden de prioridades, convirtiéndose en un coto de caza para mafias y delincuentes, que encuentran en la impunidad el mejor escenario para operar sin restricciones.
La falta de jueces en San Lorenzo no es un hecho aislado, sino una consecuencia de años de desidia y abandono. Sin medidas urgentes para cubrir las vacantes y garantizar el normal funcionamiento de los tribunales, el servicio de justicia seguirá siendo una estructura vacía, incapaz de brindar respuestas a los ciudadanos.
El silencio cómplice del foro de abogados
Otro de los factores que agrava la crisis judicial en San Lorenzo es el silencio de la corporación de abogados, que debería ser una de las principales voces reclamando el funcionamiento pleno de los tribunales. Sin embargo, el miedo a represalias y la connivencia con el sistema judicial paralizado han generado un pacto de silencio, donde nadie se anima a denunciar la falta de jueces ni a exigir soluciones concretas.
La realidad es que, en muchas ocasiones, la falta de resolución en los tribunales favorece a ciertos sectores que se benefician de la lentitud y el caos judicial. Sin un reclamo firme de los propios actores del sistema, el colapso de la justicia seguirá profundizándose sin que nadie asuma responsabilidades.
Un país sin seguridad jurídica: el mayor freno al desarrollo
El problema de la justicia en San Lorenzo no es un hecho aislado, sino una muestra del deterioro del sistema judicial en Argentina. En un país donde la seguridad jurídica es uno de los principales obstáculos para la inversión y el crecimiento económico, la corrupción y la impunidad en los tribunales son un lastre que afecta a todos los sectores de la sociedad.
Sin justicia no hay seguridad. Sin seguridad no hay desarrollo. La crisis en San Lorenzo es una advertencia de lo que ocurre cuando el Estado no garantiza el acceso a la justicia y permite que los tribunales se conviertan en estructuras vacías, sin jueces ni resoluciones.
El colapso judicial en la ciudad exige respuestas inmediatas. La Corte Suprema de Santa Fe debe tomar cartas en el asunto y garantizar la designación de jueces, para que el derecho a la justicia no sea un privilegio de unos pocos, sino un derecho efectivo para toda la sociedad.
