Las empresas integradas o aceiteras estaban exceptuadas de poder vender biocombustibles en el mercado local para el corte con combustibles fósiles, este mercado estaba concentrado en empresas Pymes que eran las encargadas del 5% del corte, un porcentaje que el kirchnerismo, con la complicidad de Omar Perotti y el ex diputado Marcos Cleri, lo bajaron del 10% al 5% actual.
Muchas de estas Pymes fueron denunciadas por cartelizar el mercado que hasta esta nueva ley manejaba el Estado Nacional a discreción. En uno de los párrafos de la nueva ley deja lugar a dudas: el que señala que se verificará la composición accionaria de las empresas participantes al momento de realizar la licitación. Eso no es para nada casual porque, considerando el cupo asignado en octubre de 2023 por la Secretaría de Energía (último dato oficial disponible), dos grupos empresarios recibieron el 42,5% del total.
Se trata del grupo bahiense Bojanich, integrado por Juan Carlos Bojanich y sus tres hijos, quienes controlan las empresas elaboradoras de biodiésel Biobahía SA, Bio Ramallo SA, Biobin SA, Biocorbas SA, Refinabio SA y Biobal Energy SA. Cuatro de esas empresas incluso están en una misma ubicación: Ramallo, Buenos Aires.
El otro grupo es Essential Energy Holding, perteneciente a las familias Pucciariello y Bolzán, que gestionan las firmas Bio Nogoyá SA, Héctor A. Bolzán y Cía SRL, Establecimiento El Albardón SA y Rosario Bioenergy SA.
En la nueva ley se estipula que las empresas podrán abastecer al mercado a través de licitaciones hasta el 14% que se calcula por la capacidad de producción de cada una de las plantas. Esta situación ubica a las ciudades de San Lorenzo y Puerto General San Martín como dos ciudades claves para el mercado energético nacional.
Después de 14 años del impulso de la ley de biocombustibles, se comienza a concretar el anhelo de un convertirse en uno de los polos energéticos sustentables más grandes del mundo.
