La tensión desatada en el seno de la Liga Regional Sanlorencina de Fútbol tras los graves incidentes registrados en el encuentro de división Reserva entre Defensores de Santa Catalina y Barrio Vila sumó un capítulo de máxima gravedad institucional. En una conferencia de prensa encabezada por su comisión directiva, las autoridades del club rompieron el silencio para rechazar la exorbitante sanción económica impuesta por el Tribunal de Penas y exponer la cruda realidad que atraviesan las instituciones de la región frente a la violencia y el desamparo organizativo.
La dirigencia reveló que el organismo disciplinario le aplicó una multa de 5.100.000 pesos —equivalente a 510 valores de entradas generales— bajo el cargo de invasión de campo de juego por parte de integrantes del cuerpo directivo. La respuesta de Santa Catalina no tardó en llegar con un relato desgarrador sobre lo acontecido aquella tarde, justificando su intervención como un acto desesperado de auxilio humano para evitar una fatalidad.
Durante el contacto con los medios, el vicepresidente Eduardo Francini, la secretaria Natalia Mincone y el coordinador general Miguel Mansi detallaron los pormenores del episodio. Francini explicó que ingresó al terreno junto a delegadas y miembros de la sindicatura únicamente luego de consultarle a un efectivo policial si podían pasar, con el único objetivo de separar y resguardar la integridad física de sus futbolistas, quienes en su totalidad no superan los 21 años de edad.
“¿Qué tiene que hacer un dirigente? ¿Tenés que mirar de afuera cómo le están pegando a uno de nuestros jugadores en el piso, cómo le están pateando la cabeza, porque si no te comés una multa millonaria? Creo que es una cuestión de sentido común: o cambiamos el reglamento o tenemos que dejar que maten a los chicos adentro de una cancha”, disparó Francini con crudeza, deslindando además de cualquier intencionalidad a la dirigencia de la entidad adversaria y remarcando la impotencia que genera la asfixia económica sobre los clubes barriales.
La dirigencia puso el dedo en la llaga sobre el esquema de seguridad que rige en los estadios de la Liga Sanlorencina. Denunciaron que los operativos policiales contratados por los clubes locales tienen por directiva casi exclusiva custodiar a la terna arbitral con cuatro uniformados fijos, desatendiendo lo que ocurre entre los planteles y deslindando cualquier responsabilidad posterior hacia las instituciones, a las que la casa madre del fútbol regional les traslada la obligación de brindar garantías sin aportar herramientas de contención.
La incertidumbre sobre la continuidad deportiva se convirtió en otro punto crítico de la exposición. Los dirigentes admitieron que los jóvenes futbolistas tienen miedo fundado de volver a exponerse a situaciones de desprotección física, pero advirtieron que la Liga ya emitió la programación oficial y que no presentarse implicaría afrontar nuevas penalizaciones económicas e institucionales.
Desde Santa Catalina remarcaron la condición estrictamente amateur de sus planteles, donde una lesión producto de una agresión significa la pérdida del empleo y el sustento familiar para jóvenes trabajadores, recordando el caso reciente de un compañero que sufrió la rotura de ligamentos y debió ser asistido mediante rifas comunitarias tras quedar desocupado. Con ese trasfondo, el club exigió formalmente a las autoridades liguistas abrir un espacio de diálogo genuino, revisar los protocolos de prevención y entender que castigar con multas millonarias a las instituciones no resuelve la violencia de raíz.
