El gobierno de Santa Fe expresó su fuerte preocupación ante la posibilidad de que las medidas económicas que analiza la gestión de Javier Milei, vinculadas a un nuevo blanqueo de capitales para incentivar la “dolarización endógena”, terminen beneficiando a las organizaciones narcocriminales al facilitar el lavado de dinero proveniente del delito.
La alarma se encendió luego de que el presidente dijera públicamente que “no le importa de dónde sacaron los dólares” quienes participen en el proceso de remonetización que impulsa el Ejecutivo. Esa postura fue cuestionada por autoridades provinciales, que advierten que detrás de muchos de esos fondos están las bandas del narcomenudeo que operan en el país, especialmente en Santa Fe.
En declaraciones al programa Radiópolis (Radio 2), el secretario de Gestión de Recursos de la provincia, Matías Figueroa Escauriza, aseguró que “es fundamental tener control sobre la ruta del dinero proveniente del narcotráfico”, porque ese dinero es clave para que las bandas sigan funcionando: “con esa plata contratan soldaditos, extorsionan, mandan a matar gente”, dijo.
Figueroa Escauriza sostuvo que desde la provincia trabajan activamente en el combate del lavado de activos, una estrategia que, según explicó, permite “debilitar” a las organizaciones criminales al quitarles poder económico. Sin embargo, advirtió que se trata de estructuras con gran capacidad financiera: “No es fácil, tienen millones de dólares”.
Según el funcionario, la dolarización de la economía no solo facilita la acumulación de riqueza por parte de las bandas, sino también el blanqueo mediante bienes como propiedades o vehículos adquiridos en efectivo. “Ya vimos cómo el dinero de los búnkeres que derribábamos iba directo a las cuevas para comprar dólares en negro”, detalló.
Además, recordó que hubo casos en los que el narco lavó dinero montando carnicerías o pequeños comercios, donde emitían facturas legales y blanqueaban los fondos: “Si el Estado no controla, eso produce un enorme daño social”, concluyó.
La postura de Santa Fe se planta frente a un contexto nacional en el que el gobierno prioriza liberar el ingreso de dólares a la economía, sin demasiado interés en su procedencia, con el riesgo, según denuncian desde la provincia, de que el crimen organizado se fortalezca aún más.
