El Gobierno de Santa Fe expresó su respaldo al proceso licitatorio en marcha para la concesión de la Hidrovía Paraná–Paraguay. Presentó ante Nación un conjunto de propuestas orientadas a fortalecer los pliegos de condiciones. El planteo incluye mayores exigencias ambientales, planes de contingencia más robustos, y reglas claras de transparencia. Principalmente, destaca un reclamo por un rol institucional concreto para las provincias ribereñas en el seguimiento y control del contrato.
La intervención provincial se produce luego de conocerse el contenido del pliego elaborado por el Gobierno nacional. Este introduce modificaciones respecto al intento fallido del año pasado, pero mantiene un esquema que no contempla la participación directa de las provincias ni durante la licitación ni en las instancias de fiscalización posteriores.
Participación previa y ausencia en el esquema final
Desde el Estado nacional se sostiene que las provincias formaron parte de las mesas de discusión previas a la confección de los pliegos. Santa Fe reconoce esa instancia de intercambio técnico. Sin embargo, advierte que en los documentos finales esa participación no se tradujo en responsabilidades concretas ni en atribuciones institucionales.
El esquema propuesto limita la intervención provincial a un rol consultivo, sin mecanismos formales de seguimiento, control operativo o coordinación territorial permanente. Ese punto es uno de los principales ejes del planteo elevado por la Provincia.
Apoyo al proceso, con objeciones técnicas e institucionales
La presentación fue encabezada por el Ministerio de Desarrollo Productivo, a cargo de Gustavo Puccini. Él remarcó que para Santa Fe es fundamental que esta vez la licitación se concrete. En ese sentido, el funcionario consideró clave que la administración de la Hidrovía pase a manos de un operador privado con capacidad de inversión. Puccini advirtió que el actual esquema, sin obras estructurales, compromete la competitividad de la economía regional.
No obstante, el respaldo provincial no implica aval irrestricto. Santa Fe plantea que un contrato de largo plazo, previsto por 25 años, debe incorporar mecanismos de revisión periódica y criterios objetivos de evaluación. Además, espacios de participación territorial deben permitir corregir desvíos y adaptarse a cambios en la demanda, la traza navegable, y las condiciones hidrológicas.
Gobernanza y coordinación territorial
Entre las prioridades planteadas, la Provincia propone la creación de un ámbito institucional. Este debe garantizar la intervención de las provincias ribereñas en tareas de seguimiento y planificación, con articulación con municipios portuarios y otras autoridades locales. El objetivo es mejorar la coordinación operativa y evitar adopción de decisiones estratégicas sin considerar impactos territoriales específicos.
También se solicita mayor transparencia en las atribuciones que el pliego otorga a Nación para cancelar o declarar fracasada la licitación. Proponen la incorporación de criterios mínimos de justificación y publicidad, respaldados por informes técnicos.
Puertos, calado y condiciones de servicio
Otro de los puntos centrales del planteo santafesino es la necesidad de definir indicadores claros de niveles de servicio y disponibilidad de la vía. Además, plantea coordinar la profundización del canal principal con los accesos a los puertos públicos provinciales. La Provincia advierte que, sin criterios compatibles de calado, podrían generarse riesgos operativos y económicos para terminales estratégicas del territorio.
En ese marco, Santa Fe insiste en que el pliego contemple la posibilidad de recuperar el calado histórico de 25 pies del Puerto de Santa Fe, sujeto a evaluaciones técnicas y a la evolución del tráfico. Considera que el mantenimiento de ese calado debe ser entendido como una política pública vinculada al desarrollo regional y a la equidad territorial.
Ambiente, datos y resolución de controversias
El documento elevado a Nación también propone reforzar las exigencias ambientales, los planes de contingencia y la coordinación interjurisdiccional, incluyendo auditorías y simulacros periódicos. A esto se suma la recomendación de establecer reglas claras para la gobernanza pública de los datos, garantizando su continuidad, interoperabilidad y seguridad.
Por último, Santa Fe sugiere fortalecer una instancia técnica previa obligatoria para la resolución de controversias operativas. El objetivo es reducir litigios y agilizar la toma de decisiones durante la ejecución del contrato.
El punto de fondo
El planteo provincial reabre el debate sobre el rol de las provincias ribereñas en la futura concesión de la Hidrovía. Más que una discusión sobre tiempos, la cuestión pasa por el grado de participación efectiva que el esquema nacional está dispuesto a otorgar. Esto es significativo en una infraestructura clave para la logística, el comercio exterior, y el desarrollo productivo del país.
