El pedido fue realizado de manera formal por la subsecretaria de Salud Mental de Santa Fe, Liliana Olguín, junto a representantes de las provincias de Córdoba, Río Negro, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Neuquén, La Pampa, Salta, Formosa, Santiago del Estero y Buenos Aires, y dirigido a la directora nacional de Abordaje Integral de Salud Mental, Liliana Graciela González.
En la nota, las provincias solicitan una pronta convocatoria del Cofesama, órgano técnico que forma parte de la estructura del Ministerio de Salud de la Nación y que reúne a las autoridades del área de todas las jurisdicciones. Su función principal es coordinar políticas, planificar acciones y garantizar la aplicación de la Ley Nacional de Salud Mental Nº 26.657, promoviendo la atención integral y la defensa de los derechos de las personas con padecimientos mentales.
Las autoridades provinciales advirtieron que la interrupción del Consejo durante 2025 se da en un contexto crítico. “Esta necesidad se agudiza frente a un fuerte incremento de los padecimientos en salud mental que impacta, como es de público conocimiento, en los servicios de atención de todo el país, tanto ambulatorios como de internación”, expresaron.
En ese sentido, remarcaron la importancia de reabrir espacios de participación federal que permitan el intercambio entre Nación y provincias, y la construcción de estrategias colectivas que fortalezcan las políticas públicas en un escenario de creciente demanda.
Además, manifestaron su preocupación ante la posibilidad de que el Ministerio de Salud de la Nación impulse una reforma legislativa en materia de Salud Mental, así como por la posición adoptada por el Estado argentino en la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde votó de manera negativa la Declaración sobre Enfermedades No Transmisibles y Promoción de la Salud Mental.
Las provincias solicitaron conocer los objetivos y lineamientos del organismo nacional en estas temáticas, al considerar que dichas decisiones inciden directamente en las políticas sanitarias de todo el país.
Por último, reclamaron información y acciones concretas orientadas a mejorar el acceso a la salud mental, fortalecer los sistemas de cuidado, garantizar servicios de calidad y profundizar una perspectiva de equidad y respeto por los derechos de las personas con padecimientos mentales y sus entornos, en un momento de alta exigencia para el sistema de salud.
