El presidente de la Fundación Apertura, Cristian Bergmann, advirtió sobre el crecimiento sostenido de la litigiosidad laboral en la provincia de Santa Fe. Este fenómeno, según remarcó, no guarda relación con la evolución real de los accidentes de trabajo. Además, termina impactando de lleno en los costos de las empresas y en la generación de empleo formal.
Las declaraciones fueron realizadas en una entrevista conducida por Marcelo Fernández en Radio Fisherton 895. En ella, Bergmann expuso los principales ejes del diagnóstico que la Fundación viene trabajando junto a una red de instituciones empresarias y productivas de la región.
Según explicó, los datos oficiales de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo muestran que los accidentes laborales vienen cayendo de manera sostenida desde hace casi dos décadas. Entre 2007 y 2024, la cantidad de accidentes cada mil trabajadores se redujo prácticamente a la mitad. “Ese es un dato objetivo que indica que el sistema funciona en términos de prevención”, señaló.
Sin embargo, la contracara es el fuerte incremento de los juicios laborales, especialmente los vinculados a accidentes y enfermedades profesionales. En 2024, Santa Fe registró alrededor de 16.500 juicios. Esta cifra es muy superior a la de provincias comparables como Córdoba, con unos 10.400, y Mendoza, con cerca de 9.800. “Estamos hablando de una litigiosidad más de un 60% superior, con realidades productivas y demográficas similares”, subrayó.
Bergmann remarcó que el problema es multicausal y advirtió que sería un error atribuirlo a un único factor. Entre los puntos críticos, mencionó el sistema de honorarios de los peritos médicos, que actualmente se calcula en función del porcentaje de incapacidad determinado. “El incentivo es directo: a mayor incapacidad, mayor honorario. Eso genera un desalineamiento que hay que corregir”, explicó. En referencia a los proyectos legislativos impulsados por los diputados Corral y Rosúa para establecer montos fijos.
Otro eje señalado fue la ausencia de un cuerpo de peritos médicos dependiente del Poder Judicial. En ese sentido, destacó que la Corte santafesina ya avanzó en un concurso para conformar un plantel propio, aunque consideró insuficiente la cantidad inicial prevista. “El juez necesita recurrir a peritos objetivos, que no tengan incentivos económicos cruzados”, afirmó.
En la comparación con Córdoba, Bergmann también destacó el avance de esa provincia en la oralidad de los procesos laborales, especialmente en causas vinculadas a riesgos de trabajo. “La oralidad agiliza, ordena y reduce distorsiones. En Santa Fe tenemos que ir, al menos gradualmente, hacia ese esquema”, sostuvo. Sin embargo, reconoció que la sobrecarga de causas en los juzgados laborales rosarinos complica la transición.
El impacto económico de esta dinámica es otro de los puntos que preocupan al sector empresario. Según explicó, el aumento de la litigiosidad eleva los costos de las ART, que luego se trasladan a las empresas mediante mayores alícuotas. “Si ese costo estuviera justificado por una mayor protección real del trabajador, sería entendible. El problema es que no vemos que eso esté ocurriendo”, advirtió.
Bergmann también planteó la necesidad de que la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe asuma un rol más activo en el ordenamiento del sistema. Esto debe hacerse tanto a través de fallos como desde su función de superintendencia. “Hace falta una transformación profunda de la justicia santafesina, no sólo en lo laboral. No alcanza con sumar juzgados: hay que cambiar incentivos y reglas”, señaló.
Finalmente, remarcó que la alta litigiosidad termina desalentando la creación de empleo formal y empujando a la informalidad. “Queremos más empleo privado, pero los incentivos están torcidos. Este es uno de los debates centrales si de verdad queremos una agenda productiva y de generación de trabajo en Santa Fe”, concluyó.
