Según datos del Ministerio de Justicia y Seguridad, los operativos desplegados en toda la provincia demandaron una inversión estimada de $139.429.864, mientras que los pagos efectivamente realizados alcanzaron apenas $9.824.430, lo que representa el 7,2% del total reclamado.
La medida comenzó a aplicarse a fines de abril, luego de una ola de amenazas que se registró tras el crimen de un adolescente dentro de una escuela de San Cristóbal el 30 de marzo. Durante varias semanas, las falsas alertas obligaron a evacuar establecimientos y movilizar importantes recursos policiales y de emergencia.
Dónde se realizaron las notificaciones
Las 53 intimaciones se distribuyeron en distintos departamentos de la provincia. La mayor cantidad se registró en la Unidad Regional XVII de San Lorenzo, con 10 casos, seguida por Rosario (7), La Capital (6) y Las Colonias (6). También hubo notificaciones en Caseros, Constitución, San Martín, Garay, Iriondo, General Obligado y San Javier.
Los pagos concretados
De las seis sanciones abonadas, tres corresponden a San Lorenzo, donde se realizaron pagos de $805.443 cada uno. En Rosario se registró un único pago por $2.838.352, mientras que en la ciudad de Santa Fe se abonó una sanción de $1.009.442. El monto más elevado fue cancelado en el departamento Iriondo, por $3.560.307.
Desde el Gobierno provincial señalaron que, en los casos donde no se efectiviza el pago, interviene la Fiscalía de Estado, a cargo de Domingo Rondina, para iniciar las acciones judiciales correspondientes.
Un mecanismo que logró frenar las amenazas
A pesar de la escasa recaudación, las autoridades destacan que la estrategia cumplió su principal objetivo: desalentar las amenazas. En los días previos a la implementación del sistema se registraban hasta 80 denuncias falsas por día, cifra que descendió rápidamente a unas 15 y luego prácticamente desapareció.
El procedimiento se activa una vez que existe una causa penal en trámite y el Ministerio Público de la Acusación identifica al responsable. Luego se calcula el costo del operativo desplegado y se notifica formalmente a los adultos responsables, quienes deben afrontar el monto reclamado.
Cuestionamientos judiciales
La medida también generó controversias. Diversos abogados presentaron impugnaciones al considerar que muchas de las conductas investigadas no encuadran en el delito de amenazas, ya que no existiría una víctima determinada ni una situación concreta de coerción.
Además, algunos planteos sostienen que el Estado no puede exigir el pago de estos montos sin una resolución judicial previa que determine la responsabilidad de los acusados.
Mientras esos cuestionamientos avanzan en los tribunales, la provincia continúa con los reclamos para recuperar parte de los recursos destinados a los operativos que debieron desplegarse ante las falsas amenazas en establecimientos educativos.
