Durante meses, los actores del comercio exterior argentino intentaron evitar generar conflictos para que la licitación de la Vía de Navegación Troncal avanzara bajo el esquema de concesión a costo y riesgo de privados. Sin embargo, el proceso quedó envuelto en polémicas, irregularidades y un nuevo traspié para el Estado.
El tema fue seguido de cerca por el programa Up River, conducido por Jorge Metz y Nicolás Carugatti, en el canal de streaming Fisherton Plus, donde se expusieron las inconsistencias del proceso.
Desde el principio, el pliego de licitación fue diseñado por funcionarios de la ex Administración General de Puertos (AGP), entidad que, según un artículo de TN titulado “La ‘casta’ de los puertos: funcionarios K manejan un presupuesto gigantesco, pero el organismo pierde millones”, manejó un presupuesto millonario con múltiples denuncias de corrupción y falta de transparencia en la gestión. En 2022, la AGP registró un déficit de US$10 millones, y en 2023, año electoral, las pérdidas ascendieron a US$45 millones. Tras su desmantelamiento, el gobierno creó la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN), dependiente del Ministerio de Economía, aunque su estructura y capacidad de gestión aún generan dudas entre los especialistas.
La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) advirtió que este cambio estructural podría afectar la validez del proceso licitatorio y profundizar la incertidumbre en el sector.
Un proceso direccionado que terminó en un fracaso
A pesar de que se especulaba con la participación de Jan De Nul, la firma finalmente no se presentó, a pesar de que múltiples sectores –incluida la propia Fiscalía– aseguraban que el pliego estaba diseñado para favorecerla. Finalmente, DEME fue la única empresa en presentar oferta, lo que dejó en evidencia la falta de competencia y la desconfianza en el proceso.
La licitación de la obra pública más emblemática y necesaria del país sigue empantanada en incertidumbre e inseguridad jurídica. Lejos de generar confianza en el sector privado, el proceso expone al Estado como una maquinaria corrupta e ineficiente, incapaz de poner en marcha una infraestructura clave para la economía nacional.
El silencio de los empresarios y la falta de decisiones claras por parte del gobierno generan un panorama aún más incierto para el futuro de la hidrovía, mientras el comercio exterior argentino sigue siendo rehén de la ineficiencia estatal y la especulación política.
