El cramdown de Vicentin volvió a quedar bajo la lupa. Un grupo de acreedores granarios presentó una objeción judicial contra la propuesta de Grassi SA, la primera compañía en hacer pública su oferta en el marco del salvataje de la agroexportadora.
El escrito, ingresado ante la Justicia por el abogado Mateo Germán Schott en representación de siete acreedores, sostiene que el plan de Grassi viola la Ley de Concursos y Quiebras al imponer condiciones que consideran “abusivas y discriminatorias”.
Quitas extremas y “propuesta residual”
Los acreedores denuncian que la oferta contempla un dividendo inferior al que correspondería en caso de liquidación de los bienes de Vicentin. El punto más polémico es la creación de una “propuesta residual”, que automáticamente ubicaría a quienes no adhieran a ninguna opción de pago en un esquema equivalente al 40% del crédito en diez cuotas anuales, con la más significativa recién en 2036 y un interés del 1,2% anual en dólares a partir del segundo año.
Según los cálculos de los demandantes, este mecanismo implicaría en la práctica quitas reales de entre el 93% y el 97%, incumpliendo la exigencia legal de que los acreedores reciban un dividendo no inferior al que obtendrían en un escenario de quiebra.
“Castigo” a los acreedores disidentes
El planteo judicial también remarca que el sistema propuesto por Grassi “castiga” a quienes no manifiesten su adhesión, imponiéndoles de manera automática la alternativa menos favorable. En contraste, quienes acepten las propuestas principales accederían a pagos inmediatos y con menores quitas.
Para los objetores, esta estructura vicia la voluntad de los acreedores y restringe su libertad de elección, al presionarlos bajo la amenaza de quedar en la categoría de peor recupero.
Primer propuesta, primeras objeciones
Grassi SA había sido la primera en difundir públicamente su propuesta dentro del cramdown. Sin embargo, la rapidez con la que surgieron las objeciones —publicadas incluso por medios como Noticias Argentinas— anticipa que el proceso de salvataje podría derivar en un nuevo frente judicial.
La presentación de los acreedores granarios abre un escenario de mayor incertidumbre. En un proceso ya atravesado por la complejidad y la magnitud de la deuda, el riesgo de que las propuestas sean judicializadas suma tensión en la recta final de octubre, mes clave para definir el futuro de Vicentin.
