"Es incosttitucional"

Se suman más expresiones contra un proyecto privatizador de recursos municipales

Intendentes y presidentes comunales se oponen a una iniciativa parlamentaria para crear una comisión externa que administrará esos fondos


Frente homogéneo contra la iniciativa del diputado provincial José Garibay para "privatizar" fondos genuinos.

Días atrás, el presidente comunal de Timbúes, Amaro González, quien a su vez preside el Foro de Localidades Portuarias Santafesinas, convocó a sus pares para anoticiarlos sobre la existencia de un proyecto de ley que impulsa el diputado socialista José Garibay para crear una comisión que administre fondos derivados de tasas e impuestos municipales y comunales.

Acompañado por varios de sus pares, el legislador otrora titular del Ministerio de Infraestructura de la Provincia, impulsa la creación de un régimen general de comités hidroviales que tendrá a su cargo, a través de una comisión conformada por particulares, el manejo de los tributos que hoy cobran y utilizan los municipios y comunas no sólo para mantener caminos, sino que destina a otras áreas como salud, educación y seguridad urbana.

Tras conocerse la propuesta, los intendentes y presidentes comunales mostraron su oposición ya que consideran un avasallamiento a sus derechos. Y criticaron no sólo hacerse de fondos propios, sino también el tenor “privatista” de tales comités administradores que estarán conformados por dos productores rurales, un referente del gobierno provincial y otro de la comuna o municipio de cada jurisdicción.

Hoy, el mantenimiento de los caminos rurales y/o caminos destinados al tránsito pesado en las localidades portuarias, está a cargo de municipios y comunas. Para el primer caso, la Provincia destina un dinero que nunca alcanza y son las gestiones locales las que utilizan dinero propio para brindarles a los productores rurales un camino acorde a sus necesidades.

Las localidades que tienen puerto establecieron una tasa tributaria para mantener también en condiciones aquellos caminos que tienen por destino las terminales portuarias y fabriles. Con ese dinero no sólo realizan mejoras y mantenimiento, sino que destinan parte de tales recursos a otras áreas como salud, educación y seguridad urbana, cuya jurisdicción es provincial, pero las necesidades exceden la partidas y son los gobiernos locales los que acaban por brindar respuestas y soluciones.

Los intendentes y presidentes comunales entendieron que si el proyecto toma vuelo, todos esos recursos podrían perderse. Y para muchas localidades conforman un ingreso importante para sostener esos servicios, como así también continuar con planes de obras públicas.

Lo cierto es que no sólo los mandatarios de las localidades portuarias, como San Lorenzo, Timbúes, Puerto San Martín, Arroyo Seco o Villa Gobernador Gálvez elevaron sus quejas, sino que también lo hicieron aquellos otros que no tienen terminal de embarque alguna como Luis Palacios, Aldao, Villa Mugueta o Fortín Olmos, entre otros.

“No vamos a admitir que se menoscaben los intereses de las Municipalidades y Comunas”, expresó el intendente sanlorencino Leonardo Raimundo. “Estamos muy preocupados por la actual situación económica en la provincia y, por supuesto, no vamos a permitir recorte alguno de nuestros recursos”, acotó Alberto Ricci, titular del municipio de Villa G. Gálvez.

“En este proyecto se pretende volcar los recursos de las Tasas Rurales a productores cuando son muchos de éstos los que pagan muy poco de esas tasas, demostrando que no tienen solidaridad”, expuso el titular de Fortín Olmos, Rodrigo Acevedo. “Se busca poner a un productor a la misma altura de un jefe comunal que fue votado por la gente y lo más significativo es que se intentaría afectar fondos de los Municipios y Comunas y Provincia, para que funcionen estos Comités Hidroviales”, indicó Adrián Villovid, presidente comunal de Luis Palacios.

Entre las apreciaciones expuestas por los mandatarios, fue González el que resumió un concepto de legalidad al advertir que los gobiernos locales “no pueden ceder la renta pública para que sea manejada por un privado”, en alusión al proyectado comité que por su conformación no tiene carga pública alguna.

El timbuense también adelantó que entre hoy y mañana contarán con el resultado de un estudio que se le encargó al abogado, docente, investigador y jurisconsulto José María Cullen, especializado en derecho constitucional, quien advirtió que dicho proyecto de ley “es a todas luces inconstitucional; elevaremos ese estudio a la Legislatura para que terminen con esta propuesta”, concluyó.

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