La entidad puertense lleva un año y medio intervenida luego de que la justicia decidiera detener a su presidente, Herme Juárez en agosto de 2019.
La primera intervención fue decidida en épocas del gobierno de Cambiemos y la persona elegida fue Juan José Schaer, hombre cercano al mundo de las corporaciones agroexportadoras, quien duró en el cargo hasta febrero de 2020 cuando la justicia decidió remplazarlo por Roberto Pasqualino un hombre de la UBA (Universidad de Buenos Aires). La gestión de Pasqualino vence este próximo 13 de febrero y todo indicaría que la justicia extendería el plazo al menos por otros 6 meses.
Desde hace algunos meses hay muchas personas trabajando en post de un proceso de unidad entre el espacio que tiene como líder Herme Juárez y el de la Agrupación Miguel Ru, hasta el momento las negociaciones no logran encontrar un punto de acuerdo con reuniones suspendidas y dialogo cortado. Uno de los puntos que probablemente hace más difícil el dialogo y la unidad tenga que ver con la falta de instituciones fuertes en la región que puedan ser un paraguas para estas negociaciones y que así puedan garantizar el cumplimiento de los acuerdos. La Cámara de Comercio de San Lorenzo rechazó un pedido del sector de Juárez para utilizar las instalaciones de la entidad como un espacio de reunión con todos los sectores, que ayude a la transición institucional de las intervenciones tanto de la Cooperativa como la del SUPA.
La Agrupación Miguel Ru en las últimas semanas decidió arremeter contra la intervención organizando diferentes manifestaciones a los tribunales federales de Rosario y la sede de la gobernación de Santa Fe, solicitando el fin de la intervención y el llamado urgente a elecciones, uno de los referentes de la agrupación aseguró a este medio “nuestra fortaleza es que tenemos el conocimiento de como hacer el trabajo”. Por otro lado la intervención y el sector de Juárez solicitan que la normalización de la entidad debe hacerse con la ampliación de los padrones de socios, ya que en la actualidad la entidad tiene 130 asociados habilitados para votar y 900 empleados, situación que resisten desde la Miguel Ru.
Se entra en una semana clave, todo parece estar resuelto al menos en el corto plazo, con la continuidad de la intervención por al menos 6 meses, lo que tiene un final abierto es como los socios de la Cooperativa logran un proceso electoral representativo que ayude a la entidad a continuar seguir siendo líder en servicios portuarios en la región del país donde se generan el 80% de las exportaciones.
