La investigación sobre el juego clandestino y su contacto con la política y la Justicia derivó, esta vez, en la suspensión de otro fiscal del Ministerio Público de la Acusación.
Se trata del adjunto de Reconquista, Rodrigo González, por una acusación similar que impulsó su colega de Melincué, Matías Merlo, sobre los destituidos y detenidos Patricio Serjal y Gustavo Ponce Asahad, ambos de la Fiscalía de Rosario.
Tal resolución fue adoptada ayer por la Legislatura Santafesina, durante una sesión especial conjunta de la participaron diputados y senadores.
Ahora González deberá comparecer a la audiencia imputativa que le prepara su colega Merlo, para el martes próximo, donde lo indagará sobre su presunta relación con un hombre que gerenciaba casinos clandestinos de Marcelo Peiti (empresario del rubro e imputado también en la causa), en Reconquista, Vera y Avellaneda, su jurisdicción penal.
En 2018, el presidente comunal de Hughes denunció en la Fiscalía de Merlo el funcionamiento de un garito. El fiscal indagó y encontró una red de esos lugares, también bajo el control de Peiti, en localidades del sur provincial. Y las pesquisas comprobaron casos similares en otras ubicadas en el norte. Para entonces, González ya acumulaba antecedentes por irregularidades en la destrucción y desaparición de expedientes y desmanejos con dineros bajo custodia.
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Merlo denunció a su colega en el mismo MPA, desde donde se promovió la suspensión a consideración de la comisión de Acuerdos de la Legislatura. La moción prosperó sin objeciones y ayer hubo unanimidad para suspenderlo por tiempo indeterminado en sus funciones y así comparecer a la audiencia, como cualquier hijo de vecino.
De esa Asamblea participaron los mismos senadores que en diciembre pasado negaron una petición similar para su par Armando Traferri. Fiscales rosarinos habían pedido tal recurso para poder imputarlo, pero así como para con este fiscal hubo acuerdo al unísino, para el legislador sanlorencino sucedió todo lo contrario.
El diputado Carlos del Frade participó de la Asamblea y fue contundente en su análisis: “Nos resulta contradictorio, rayano en la hipocresía que cuando los fiscales Edery y Schiappa Pietra pidieron investigar al senador Traferri en esta causa, el pleno no lo permitió y no pudo ser investigado, marcando un privilegio. Es un oprobio para la democracia; es legal pero es un privilegio. Está muy bien poner el ojo en lo que pasa en las fiscalías de Santa Fe, pero ver la paja en el ojo ajeno y no ver la viga en el propio me parece irritativo, hipócrita”, remarcó.
Fuente: Rosario/12
