La licitación de la Vía Troncal de Navegación, luego de 30 años, representa la obra de infraestructura más trascendental para la economía argentina. Su importancia, sin embargo, contrasta con la escasa visibilidad que este tema tiene en la agenda de los medios de comunicación masiva.
La licitación, conocida como la hidrovía Paraná-Paraguay, ha entrado en una compleja fase judicial que amenaza con prolongar indefinidamente los plazos para su adjudicación. La habilitación de la feria judicial en el fuero Contencioso Administrativo Federal para tratar una medida cautelar presentada contra el pliego licitatorio marca el inicio de un proceso plagado de incertidumbre. Esta medida, como lo relata Diego Cabot en La Nación, pone en el centro de la escena a la Procuración de Investigaciones Administrativas (PIA), un organismo que ya había cuestionado severamente procesos previos vinculados a la hidrovía.
Según el artículo de Cabot, la PIA está revisando el pliego de licitación bajo el antecedente de un informe lapidario realizado durante el gobierno anterior. Ese informe había concluido que “las estipulaciones analizadas no resisten el test de razonabilidad” y que varias de ellas contravienen principios básicos de juridicidad y contratación pública. Este cuestionamiento no fue menor, ya que el pliego había sido diseñado por la disuelta Administración General de Puertos (AGP), un organismo que acumuló denuncias de corrupción y dejó una deuda de más de 90 millones de dólares.
En el ciclo Up River, conducido por Nicolás Carugatti y Jorge Metz, se alertó hace meses sobre la posibilidad de que el pliego terminara judicializado. La intervención de la justicia no solo refuerza esta predicción, sino que también retrasa un proceso clave para la economía argentina. Por la hidrovía transita el 80% del comercio exterior del país, lo que la convierte en una arteria vital para el desarrollo económico.
Empresas como DEME y Rohde Nielsen han impugnado los pliegos licitatorios, alegando condiciones que favorecerían a la belga Jan de Nul, actual concesionaria del dragado bajo un contrato provisorio. Además, la Coalición Cívica presentó una denuncia ante la PIA por posibles direccionamientos en la licitación y riesgos de corrupción que podrían perjudicar los intereses del Estado. La medida cautelar que habilitó la feria judicial busca precisamente frenar el avance del proceso hasta que se aclaren estas denuncias.
En Jan de Nul dicen que no hay tal direccionamiento y que cada uno de los puntos con los que acusa la competencia se pueden justificar. Uno de los requisitos sobre el que se posó la polémica tiene que ver con la exigencia de que se tenga experiencia en una vía fluvial similar, con trabajos de este tipo (llamado dragado continuo) y de una determinada longitud. “Todas pueden cumplir esta condición. Y no está mal que se la pida porque es necesaria la experiencia para un trabajo de este tipo. De hecho, en la licitación corta [de 2022] se pedían 500 km y nadie lo objetó. Ahora son 200 y todas lo pueden cumplir”, consideran en la empresa belga, publica en el artículo de La Nación.
El sistema judicial argentino, conocido por su lentitud y opacidad, agrava aún más la situación. Casos como el de Vicentin, que lleva más de cinco años en los tribunales, ilustran cómo los procesos judiciales pueden extenderse indefinidamente. La licitación de la hidrovía corre el riesgo de seguir un camino similar, con implicancias devastadoras para el comercio y la logística del país.
En Up River, representantes de CIARA, la Cámara de Puertos Privados y la Bolsa de Comercio de Rosario coincidieron en que los pliegos requerían ajustes para garantizar transparencia y competitividad. Sin embargo, también advirtieron que los plazos establecidos hacían improbable una revisión significativa antes de la apertura de los sobres. Ahora, con el ingreso del proceso al fuero judicial, el panorama se vuelve aún más incierto.
El video a continuación que fue una nota realizada con el Presidente de CIARA, Gustavo Idigoras el ejecutivo empresarial hacía referencia a la preocupación que les generaba como se estaba confeccionando el pliego de licitación referenciando que los principales usuarios, pese a tener contratado consultoras internacionales no tenían intervención en el diseño del pliego. Algo que parecía un despropósito en aquel momento y que hacía suponer que podría el proceso terminar trunco.
El gobierno de Javier Milei enfrenta un desafío monumental. Mientras busca dinamizar la economía, debe lidiar con un sistema judicial que, en lugar de garantizar seguridad jurídica, a menudo se convierte en un obstáculo para el desarrollo.
La licitación de la hidrovía es un caso emblemático de cómo los problemas estructurales del sistema judicial y administrativo argentino pueden frenar el progreso económico. Como lo advierte Cabot, la intervención judicial no hace más que prolongar una situación de incertidumbre que afecta a todo el sector productivo. Resolver esta crisis requiere decisiones valientes y una visión estratégica que priorice el interés público sobre los intereses particulares. Solo así se podrá garantizar un desarrollo sostenible y competitivo para el país.
