Editorial

Sin pedido de juicio político a Perotti ¿hay gobernabilidad posible?

Omar Perotti
Por Nicolás Carugatti

La catástrofe social que vive Rosario producto de la escalada de violencia es insostenible. Crisis que tiene ya una década y que ya rompió todos los récords, se acumularon más de 280 muertos por asesinatos violentos en 2022 con la política sin capacidad de reacción.

Hasta el 2019, para cubrirse políticamente parecía alcanzar con acusar al adversario político, quizas el exabrupto más brutal escuchado en la Cámara de Diputados de la Nación fue en boca del ultra kirchnerista, Andres “El Cuervo” Larroque, quien trató al socialismo que gobernaba la provincia y la ciudad de Rosario como “Narcosocialistas”.

Perotti ganó la provincia con una magistral campaña del publicista Ramiro Agulla con el slogan “Paz y Orden”, pero hoy ya con más de 3 años de gobierno y con un presidente del mismo color político como es Alberto Fernández las soluciones para el drama de la inseguridad parecen muy lejos de concretarse, con presupuestos sub ejecutados, sin móviles policiales, cuatro ministros de seguridad, zonas liberadas, mensajes mafiosos y para peor sin nadie a quien echarle las culpas.

Agustin Rossi, un viejo zorro de la política, pidió que no se use la crisis de seguridad en la campaña electoral. El chivo  ya siente el rigor de la critica generalizada contra la corporación política y tiene claro que si continúa en el centro de la política, el camino más seguro es el reclamo social del “que se vayan todos”. Si la oposición santafesina entra en la trampa planteada por el flamante Jefe de Gabinete de la Nación la gobernabilidad en Santa Fe será una utopía.

Las quejas de la oposición y la del intendente de Rosario en relación al descontrol de las fuerzas policiales en Rosario no alcanzan para quitarse responsabilidades, al menos para la media del electorado. Perotti lleva más de 3 años haciendo como que nada pasara, evitando en todas sus apariciones públicas referirse a la inseguridad. Las fuerzas políticas santafesinas tienen poco margen para no ser juzgados como cómplices de la crisis de inseguridad. El único camino parece ser un juicio político que permita a todas las fuerzas abrir una investigación al gobernador y trazar líneas de acción para futuros gobiernos. Caso contrario podemos entrar en un terreno de inestabilidad institucional muy grave.

 

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