La situación de la empresa Vicentin puso en la superficie las diferencias gremiales que existían desde hace años en la conducción del gremio de aceiteros, que derivaron en elecciones y la posterior caída del sindicalista Pablo Reguera.
El actual secretario general del sindicato, Daniel Succi, es empleado de la empresa Vicentin con licencia gremial. Logró imponerse en las elecciones con la particularidad de haber salido tercero en las plantas que la empresa cerealera tiene en San Lorenzo. Está tensión entre los empleados de Vicentín y el propio Succi, se profundiza hoy con el silencio y la inacción del sindicalista en la causa que podría dejar a muchos de sus compañeros sin trabajo.
Las autoridades de Vicentin emitieron un duro comunicado asegurando que el sostén económico de los salarios y los impuestos dependen exclusivamente de la buena voluntad de las empresas ACA, Bunge y Viterra, compañías que aportan semillas para que se pueda continuar procesando y generando ingresos para afrontar los costos operativos. Este contrato de fazón es el único mecanismo que permite la continuidad de los 1800 trabajadores. En conocimiento de está realidad, Succi elige esconderse en el gremio y no salir a calmar a sus compañeros trabajadores.
La empresa Grassi y el estudio de abogados Salvatierra, principales estrategas del crawdown o quiebra de la empresa, quienes la impulsan con diferentes estrategias legales que llegaron a la Corte Suprema de Santa Fe con la extraordinaria y sospechosa intervención del Presidente, Rafael Gutiérrez. Estos actores no presentaron ningún plan de trabajo para que Vicentin pueda continuar trabajando mientras se sustancian las batallas legales, situación que deja en extrema vulnerabilidad de las más de 1.800 familias de la región.
Succi continua con una actitud pasiva, la misma posición que el gremio tomó con el conflicto en la empresa Buyatti que terminó con la histórica empresa cerrada y más de 300 familias en la calle. Si la dirigencia gremial y política de la región no comienza a concientizar a las familias sobre las movidas insustentables que presentan aquellos que no quieren que el concurso prospere, se llenarán los medios de comunicación de fotos y testimonios de ollas populares en las puertas de dos empresas cerradas y 1800 familias en la calle, situación que la ciudad ya vivió con el cierre de la refinería San Lorenzo.
