"Agita la toma de este sindicato"

Sindicato Portuario apunta a juez por liberación de Juárez e inicio de hechos violentos

Para la actual intervención gremial, los ataques a vehículos particulares y micros de transporte se debe a que se denunció una maniobra de corrupción que practicaba la anterior conducción


La actual intervención del Sindicato Unidos Portuarios Argentinos (SUPA) de Puerto San Martín responsabilizó al juez federal de Campana, Adrián González Chavay, por los hechos de violencia de los que fue blanco de sede gremial desde que Herme Juárez dispone de su libertad condicional.

El magistrado es quien ordenó, el año pasado, la detención del otrora líder de los estibadores y le inició una serie de causas judiciales, tales como asociación ilícita, administración fraudulenta, coacción agravada y lavado de activos de origen ilegal, entre otras.

Ahora, el juez le concedió la libertad condicional y desde que ello sucedió, el sindicato entiende que fue protagonista excluyente de la escalada de violencia.

“Apenas un día después de concretada su liberación, Juárez se presentó en la Cooperativa de Trabajos Portuarios desde donde comenzó a agitar la toma del sindicato. Con este objetivo, activó sus hilos de poder aún vigentes y procedió con una serie de violentos actos”, detallaron.

Y recordaron que a la par que el interventor Marcelo Urban denunció amenazas, “se perpetraron ataques a los vehículos de traslado de los afiliados, primero a través de un mazazo que impactó en los parabrisas, y luego a través del apriete de personas que le pidieron a uno de los choferes que se fuera por las buenas y que transmita el mensaje al resto de sus colegas, pies caso contrario van a ser agredidos con tiros».

Para la intervención del gremio, detrás de dicha maniobras “está el desmantelamiento de un negocio que tenía vigencia por más de 20 años” y que estaba vinculado a la contratación del servicio de transporte para que los estibadores fuesen y regresasen de las terminales fluviales.

“Detectamos irregularidades con el prestador de este servicio que facturaba 3 millones de pesos mensuales; la firma era controlada por gente vinculada a la anterior conducción del gremio, pero en el momento que la Justicia Federal procesó a Herme Juárez y bloqueó el CUIT de una de las personas que facturaba dichos servicios; para resolver el problema crearon una sociedad denominada Ben Hnos SAS”.

Lo ilógico de la situación fue que dicha flamante firma facturó de manera retroactiva a la fecha de su creación, lo cual es ilógico e ilegal, y demandaba el pago de tales documentos. En el medio de esta situación es que la actual conducción sindical interpreta que se sucedieron los ataques.

“Lo llamativo fue que la totalidad de los ataques tenían un mismo destinatario, esto es el SUPA, y no la Cooperativa, la organización de la que dependían casi la totalidad de los casos de corrupción investigados”, concluyeron.

Aunque no lo admiten, algunos sospechan sobre algún “pacto” entre la nueva dirigencia que interviene la asociación cooperativista y el viejo y otrora líder de los portuarios.

 

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