La crisis operativa en el Puerto de Montevideo escaló a su punto de máxima tensión. De acuerdo con la información reportada por el medio uruguayo El Observador, las principales cámaras empresariales del país vecino emitieron un fuerte comunicado conjunto exigiendo la intervención inmediata del Poder Ejecutivo para poner fin a las medidas de fuerza sindicales que mantienen paralizada la principal terminal de contenedores y afectan la competitividad de todo el sistema portuario nacional.
El documento institucional lleva la firma de entidades de peso como la Cámara de Industrias del Uruguay (CIU), la Confederación de Cámaras Empresariales, la Unión de Exportadores, la Asociación Rural y la Cámara de Comercio y Servicios. En el texto, el sector productivo advirtió sobre el severo impacto económico y logístico de los paros: “La situación ha alcanzado un punto que exige una respuesta urgente y definitiva. Es indispensable alcanzar un sistema portuario operativo, estable, previsible y confiable”, subrayaron.
El epicentro del conflicto se ubica en la Terminal Cuenca del Plata (TCP), operada por la multinacional belga Katoen Natie. Allí, el Sindicato Único Portuario y Ramas Afines (Supra) lleva adelante un plan de lucha que incluyó paros de 24 horas y medidas por tiempo indeterminado, originados en la estancada negociación de un nuevo convenio colectivo de trabajo. Esta conflictividad, arrastrada desde hace meses, ha provocado un colapso en la logística exportadora.
Las gremiales empresariales denunciaron que los paros sistemáticos ya generaron la cancelación de recaladas y obligaron a las navieras internacionales a desviar buques, o en su defecto, a realizar la maniobra de abandono de puerto (cut & run) sin lograr completar las operaciones de carga y descarga previstas. Frente a este escenario, calificaron la situación de “insostenible” y apuntaron a la inacción estatal: “¿Hasta cuándo se admitirá que conflictos particulares sigan manteniendo en jaque al comercio exterior del país?”.
Ante la amenaza gremial de continuar con las medidas de fuerza, desde el sector privado y diversas fuerzas políticas se incrementó la presión hacia el gobierno para que analice decretar la esencialidad de los servicios portuarios, con el fin de garantizar el libre flujo comercial en plena temporada de exportación agroindustrial.
