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Superti propone un límite de tiempo en el cargo para los jueces de la Corte Suprema

Superti propone un límite de tiempo en el cargo para los jueces de la Corte Suprema

Germán de los Santos, Héctor Superti Y Hernán Lascano
El exministro de Justicia consideró también que la ciudadanía debe tener algún tipo de participación en la elección de los integrantes del máximo tribunal de Justicia.
El exministro de Justicia consideró también que la ciudadanía debe tener algún tipo de participación en la elección de los integrantes del máximo tribunal de Justicia.

El exministro de Justicia Héctor Superti opinó que los ministros de la Corte Suprema deben permanecer en su cargo “por tiempo limitado”, porque eso “va a permitir renovación y dinamismo, algo que no se consigue cuando está siempre la misma gente”.

En momentos en que en Santa Fe se plantea con firmeza la renovación del actual máximo tribunal de Justicia, Superti consideró que a través de una reforma constitucional hay que poner plazo a la permanencia de los cortesanos en su cargo.

“Todos los cargos deben renovarse, y no me refiero a los jueces, sino a la cabeza del Poder. No veo como una cosa dramática ponerles plazo a los ministros de la Corte; al contrario, es saludable para cambiar mentalidad y puntos de vista. El mundo evoluciona y la Justicia también debe hacerlo”, consideró en diálogo con los periodistas Hernán Lascano y Germán de los Santos en el programa Extremos, de Fisherton+.

“Creo además que debe haber algún tipo de participación ciudadana en la designación de los ministros de la Corte”, añadió.

Superti se refirió también a la eterna discusión acerca de la reforma constitucional de Santa Fe, tema sobre el que expuso el choque de intereses que conlleva reescribir la actual Carta Magna o hacer una nueva. Su conclusión es que para llevar adelante esta tarea hay que trabajar “con patriotismo,resignar poder para tener una mejor Constitución y una mejor calidad de vida”.

“Nuestra Constitución es rígida, lo cual obliga a que para reformarla primero hace falta una ley con los dos tercios de cada cámara que ordene la reforma, esa ley debe definir si la reforma es total o parcial; si es parcial tiene que decir qué temas se van a cambiar. Lo que ocurre ahora es lo que viene pasando desde 1983: se discute cómo sacar la ley de reforma. Pero lo interesante sería saber cuál es el diseño de modelo institucional que se quiere imponer, y también cabe preguntarse si no conviene derogar esta Constitución y hacer una nueva arrancando desde cero y adecuada a los tiempos que corren”, expresó.

Según Superti, “hacer una Constitución nueva trae un problema: una necesaria transformación en los centros de poder”. Y citó como ejemplo las trabas que aparecieron cuando se trabajó en la reforma del sistema procesal penal, que derivó en el actual sistema acusatorio que este año cumple una década de vigencia: “Una de las mayores resistencias la puso el procurador general (NdR: el fallecido Agustín Bassó), quien planteó dos veces la inconstitucionalidad. ¿Por qué? Porque hasta entonces tenía la suma del poder y perderlo generó una gran resistencia. La misma resistencia ocurrió con los jueces”.

Por eso el renombrado abogado penalista planteó que en el plano “teórico” de la reforma siempre hay buenas intenciones, pero las cosas cambian cuando hay que pasar a la acción: “En la práctica, la reforma la tiene que hacer la gente que tiene que decidir, y lo primero que mira es si los cambios favorecen o no su cuota de poder. Eso no está mal ni bien, el poder tiene vocación expansiva y nadie quiere perderlo. Ahí empiezan los roces, porque lo que le conviene a uno no le conviene a otro. Entonces la discusión se traba en temas exclusivamente de poder”.

Enseguida, citó el ejemplo recurrente que aflora cuando se habla de reforma constitucional: “En el caso de la reelección del gobernador, ¿qué pasa con el que está gobernando que asumió con una Constitución que no permitía la reelección? ¿Y a nivel legislativo, unicameralidad o bicameralidad? Mi opinión en este último punto es que no tiene sentido tener dos cámaras, que además es costoso”.

Según repitió Superti en reiterados pasajes de la entrevista, “Santa Fe tiene la institucionalidad atada con alambres”, y en esa línea apuntó que “la Defensoría del Pueblo está creada por ley, no tiene jerarquía constitucional, lo que significa que se puede derogar mañana mismo”.

Y fue más allá: “A toda la reforma procesal penal la tuvimos que hacer sin reformar la Constitución, con lo cual se corre el riesgo de que en cualquier momento venga alguien y lo cambie. Por eso, antes de seguir cambiando cosas hay que cambiar la Constitución y tener un modelo acorde a los tiempos que vivimos, tanto en el aspecto dogmático como en el orgánico”.