La decisión fue adoptada por unanimidad durante el plenario del organismo, con veinte votos afirmativos y ninguno en contra, en una señal contundente sobre la gravedad de los cargos que pesan sobre el magistrado, quien se desempeña al frente del Juzgado Federal Civil y Comercial Nº 1 de Rosario desde junio de 2023.
Las acusaciones que motivaron la apertura del jury de enjuiciamiento están relacionadas con dos episodios. El primero refiere al presunto ocultamiento de antecedentes disciplinarios al momento de concursar para acceder al cargo de juez federal. Según se expuso durante la sesión, Salmain no informó que en 2002 había sido expulsado de la Justicia Federal por decisión unánime de la Corte Suprema de Justicia, luego de ser hallado responsable de intentar ofrecer dinero para direccionar una causa hacia el juzgado donde trabajaba.
El segundo expediente, considerado el más delicado, está vinculado a una investigación por el presunto cobro de un soborno para habilitar una operatoria financiera durante la vigencia del cepo cambiario. La acusación sostiene que el magistrado habría autorizado a los tenedores de un fideicomiso denominado Attilla a adquirir diez millones de dólares a cambio de un pago equivalente al diez por ciento de la diferencia entre la cotización oficial y el dólar blue. Los fiscales estimaron que el beneficio económico obtenido mediante la maniobra habría ascendido a unos 200 mil dólares.
Como consecuencia de esta investigación, Salmain ya enfrenta una causa penal en la que pesa sobre él un pedido de prisión preventiva dispuesto por el juez federal Carlos Vera Barros. La resolución del Consejo también ordenó a la Cámara Federal de Rosario impulsar definiciones sobre su situación procesal.
Durante el debate, varios consejeros cuestionaron con dureza la permanencia de Salmain en funciones mientras avanzaban las investigaciones. Entre ellos, el senador Luis Juez sostuvo que el Senado difícilmente hubiera aprobado su pliego de haber conocido su antecedente de cesantía por un intento de soborno.
Por su parte, el consejero rosarino César Grau señaló que el caso expuso falencias en los mecanismos de control de antecedentes durante los concursos judiciales y destacó la necesidad de implementar sistemas digitales que permitan acceder de manera integral a la trayectoria de los postulantes.
Aunque algunos consejeros plantearon diferencias respecto de la acusación por el presunto ocultamiento de antecedentes, todos coincidieron en la necesidad de avanzar con el proceso disciplinario. La resolución final fue aprobada sin objeciones y dejó a Salmain suspendido de sus funciones mientras se desarrolla el juicio político.
El Jurado de Enjuiciamiento que analizará el caso estará integrado por jueces, legisladores y abogados de la matrícula federal. El proceso podría culminar con la destitución definitiva del magistrado si se comprueba la responsabilidad en los hechos investigados.
La sesión estuvo presidida por el titular de la Corte Suprema de Justicia y presidente del Consejo de la Magistratura, Horacio Rosatti, quien dejó constancia de la aprobación unánime de la medida.
