El transporte público de pasajeros en San Lorenzo ingresó en su hora más crítica y decisiva. La proliferación desregulada de aplicaciones de viajes como Uber desató un proceso de achicamiento histórico sobre el sector del taxi tradicional, llevando al parque de coches habilitados a su piso más bajo en décadas. En una entrevista concedida a los estudios de Medios Red, Marcos Peralta, referente de la Asociación de Taxistas de la ciudad, describió el panorama de supervivencia que atraviesa la actividad y fundamentó la insólita medida que presentaron ante el Concejo Municipal: una reducción del veinte por ciento en la tarifa diurna para entablar lo que denominan una competencia directa y definitiva contra las plataformas móviles.
Los números que exhibió el dirigente dan cuenta de una sangría operativa sin precedentes. Años atrás, San Lorenzo contaba con un parque activo de 137 unidades habilitadas prestando servicio en las calles. En la actualidad, apenas quedan 53 vehículos operativos para cubrir la demanda de toda la población. La diferencia se traduce en más de sesenta chapas que los propios titulares debieron devolver y depositar en las dependencias de la Municipalidad ante la imposibilidad material de sostener los costos fijos, el mantenimiento mecánico y la rentabilidad del servicio. Frente a este éxodo, un número creciente de automóviles foráneos, procedentes de localidades vecinas e incluso de Rosario, desembarca diariamente en la traza sanlorencina para captar viajes de forma irregular.
Bajar el precio para recuperar el volumen de la calle
La iniciativa elevada al cuerpo legislativo local fue impulsada formalmente por las agencias Potolo Taxi y La Nueva Taxi, con el acompañamiento institucional de la Asociación. El proyecto contempla retrotraer un veinte por ciento el valor de la Tarifa 1, correspondiente al horario diurno, manteniendo sin modificaciones la Tarifa 2 que rige durante la noche y los días feriados. Con esta corrección, la bajada de bandera descendería de los actuales 2.090 pesos a una cifra cercana a los 1.670 pesos, situando el valor de la ficha en torno a los 78 pesos.
Lejos de tratarse de una medida desesperada, Peralta defendió la matemática de la propuesta argumentando que la relativa estabilidad en los insumos básicos como neumáticos y lubricantes permite resignar margen por viaje a cambio de ganar volumen operativo. El dirigente ejemplificó que, en el contexto actual, un chofer puede realizar diez traslados diarios y recaudar 60.000 pesos con el auto detenido durante horas en la parada; mientras que, con una tarifa competitiva que vuelva a seducir al usuario de a pie, es preferible sumar treinta kilómetros más en la jornada, concretar veinte viajes y regresar a su hogar con 200.000 pesos de recaudación.
El objetivo primordial consiste en desarticular la falsa percepción de que las aplicaciones digitales resultan siempre más convenientes. Según remarcó Peralta, Uber aplica una tarifa dinámica que, ante picos de demanda o días festivos, castiga de manera desmedida el bolsillo de los vecinos. Para graficar el fenómeno, recordó que durante la reciente celebración del Día de la Madre una usuaria debió aguardar veinticinco minutos por un vehículo de aplicación que pretendía cobrarle 22.000 pesos por un trayecto desde Urquiza y San Martín hasta el cementerio local, cuando ese mismo recorrido realizado en un taxi bajo la Tarifa 2 arrojó un costo de apenas 6.800 pesos. Con pisos mínimos en las plataformas que ya no bajan de los 5.000 pesos para distancias cortas, el taxi busca reposicionarse como una opción previsible y transparente con cobro por reloj homologado.
La trampa de la ilegalidad: carnets comunes y pólizas sin cobertura
Uno de los ejes más contundentes del reclamo estuvo enfocado en la seguridad civil de los usuarios. Peralta subrayó que el taxi de San Lorenzo sobrevive en gran medida gracias a una base de usuarios integrada por adultos mayores y jubilados, un sector demográfico que no utiliza teléfonos inteligentes ni simpatiza con la bancarización forzada de las aplicaciones. Sin embargo, advirtió sobre la desprotección total en la que viaja cualquier pasajero que aborda un vehículo no regulado.
Mientras las unidades de taxi tributan habilitaciones, desinfecciones periódicas, inspecciones técnicas anuales, choferes con licencia profesional habilitante y pólizas de seguro con cobertura integral para personas transportadas, los conductores de aplicaciones operan en la clandestinidad registral con carnets particulares comunes. Ante un siniestro vial con lesiones graves o amputaciones, las aseguradoras privadas rechazan sistemáticamente los reclamos indemnizatorios si se constata que el rodado prestaba un servicio de transporte comercial encubierto. A ello se suman episodios de vulnerabilidad extrema, recordando el reciente caso ocurrido en Rosario donde una joven debió arrojarse de un coche en movimiento tras un conflicto con el conductor. En el taxi legal, remarcó, cualquier inconveniente se encuentra respaldado por la titularidad registrada en la Comuna y el amparo económico de la póliza comercial.
El silencio del Concejo y la propuesta para las sesenta licencias caídas
En el plano político, el referente gremial cuestionó la reticencia de los representantes del Concejo Municipal para intervenir en una problemática que erosiona el único medio de transporte público local de la ciudad. Peralta lamentó que la proximidad de los calendarios electorales paralice la voluntad legislativa por temor a regular una plataforma masiva, señalando que la inacción deliberada deja desamparados a los trabajadores que cumplen con todas las normativas legales vigentes.
Asimismo, recordó que desde el sector se presentaron diversas propuestas de modernización tecnológica que duermen archivadas en los cajones del Concejo, entre ellas la implementación de una aplicación móvil municipal que permita calcular tarifas al instante desde el celular y aplicar ajustes graduales atados al índice de inflación oficial, evitando las costosas calibraciones mecánicas de los relojes en talleres de Rosario.
Para zanjar el conflicto de fondo y evitar que la actividad termine de extinguirse, Peralta lanzó una alternativa concreta para recuperar el servicio en San Lorenzo: convocar a una licitación o registro extraordinario utilizando las sesenta licencias de taxis que hoy están varadas en la Municipalidad. La propuesta apunta a ofrecerles esas chapas habilitantes a aquellos choferes sanlorencinos que hoy manejan para las plataformas digitales, permitiéndoles formalizar su situación laboral bajo el régimen de control oficial, con seguros en regla y tributación local, cerrándole definitivamente el paso a los automóviles clandestinos que llegan de otras ciudades a operar en el departamento.
