La reunión se realizará a las 14 en la sede de Gobernación y contará también con la presencia del ministro de Seguridad y Justicia, Pablo Cococcioni. Desde el Ejecutivo provincial aseguran que el encuentro estaba agendado desde la semana pasada, antes de que escalara la polémica con la Cámara Penal, aunque la foto será leída como una señal política de respaldo a la estrategia de persecución penal que impulsa la Fiscalía.
La tensión surgió a partir de fallos de la Cámara Penal rosarina que declararon la incompetencia de la Justicia provincial en algunas causas vinculadas al narcomenudeo. Esa postura choca con la aplicación de la ley provincial que habilita a los fiscales a investigar y desarticular redes de venta de droga a pequeña escala.
Desde el MPA sostienen que esa herramienta es clave en la estrategia de seguridad y remarcan que el derribo de búnkers y el avance sobre organizaciones criminales incidieron en la fuerte caída de homicidios en Rosario, que supera el 60% en comparación con años anteriores.
Además, en la Fiscalía manejan un informe interno que contradice a la Cámara respecto de la magnitud de los casos cuestionados: aseguran que no son siete, sino doce expedientes los alcanzados por esos fallos, que involucran a 117 imputados vinculados a bandas criminales.
El cruce con los jueces
La disputa se profundizó esta semana luego de que Merlo advirtiera públicamente que, si la Justicia provincial pierde esa herramienta, podrían incrementarse los homicidios y las balaceras. La Cámara Penal respondió con un duro comunicado en el que calificó esas declaraciones como “temerarias” e “irresponsables”.
El planteo fue remitido a distintas instancias institucionales. Sin embargo, el auditor del MPA, Leandro Mai, aclaró que no tiene injerencia en el caso. Por otra parte, debido a la autonomía constitucional del Ministerio Público, la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe tampoco tiene facultades disciplinarias sobre los fiscales.
Mientras tanto, en el máximo tribunal siguen de cerca el conflicto, aunque su presidente, Rafael Gutiérrez, evitó pronunciarse públicamente.
Desconfianza y tensiones internas
En los pasillos judiciales también circulan lecturas más políticas del conflicto. Algunos integrantes de la Fiscalía consideran que determinados camaristas buscan limitar la política de persecución penal impulsada por el MPA y el gobierno provincial.
Del lado de los jueces, en cambio, sostienen que simplemente ejercen el control de legalidad que establece la ley y cuestionan la cercanía entre la Fiscalía y el Poder Ejecutivo.
En paralelo, trascendió que el MPA recusó al juez Javier Beltramone para que no intervenga en la revisión de la condena a nueve años de prisión por corrupción contra el exfiscal Patricio Serjal, aunque los motivos del planteo no fueron difundidos.
Javkin se suma a la agenda
En medio de este escenario, el intendente de Rosario, Pablo Javkin, tiene previsto visitar el próximo martes la Unidad de Microtráfico que dirige Carbone, en la sede del MPA.
El jefe municipal llevará estadísticas que muestran un descenso histórico de los homicidios en la ciudad: hasta ahora, marzo registra 14 asesinatos, la cifra más baja para ese mes en más de una década.
Javkin también viene destacando públicamente el impacto de las políticas de seguridad impulsadas por la provincia y el avance contra los búnkers de droga denunciados por vecinos, medidas que, según sostienen distintos intendentes de la región, comenzaron a modificar la dinámica de violencia en varios barrios.
Incluso algunos jefes comunales radicales analizan impulsar un pronunciamiento conjunto para respaldar la estrategia provincial contra el narcomenudeo y el derribo de puntos de venta de droga.
