El caso se remonta a los primeros meses de vida del niño, cuando tras la separación de la pareja la madre comenzó a obstaculizar el contacto entre padre e hijo. Según consta en el expediente, durante ese período se presentaron reiteradas constancias de atención médica domiciliaria por supuestas enfermedades del menor, lo que impedía concretar los encuentros.
El padre, patrocinado por las abogadas Mirta César y María Alejandra Ratti, inició acciones judiciales para restablecer el vínculo. En una de las resoluciones del proceso, la Justicia llegó a ordenar el cumplimiento del régimen de contacto con apoyo de la fuerza pública.
Fue en ese contexto cuando la madre presentó una denuncia por presunto abuso sexual contra el padre, situación que derivó en la suspensión del contacto y la implementación de un régimen supervisado, que tampoco llegó a cumplirse.
Con el avance de la investigación, el Ministerio Público de la Acusación concluyó que la denuncia no tenía sustento, por lo que la causa penal fue finalmente desestimada.
Posteriormente, y con todas las pruebas incorporadas al expediente, el niño fue escuchado nuevamente por la Defensora interviniente, mientras que también intervino la abogada del niño designada por sorteo. Ambas coincidieron en que correspondía restablecer un régimen de contacto definitivo entre el padre y su hijo.
Finalmente, el juzgado resolvió fijar un régimen de vinculación paterno-filial definitivo, con la posibilidad de que una vez firme la sentencia pueda ampliarse, ya que el esquema vigente quedó limitado y desactualizado tras los años de conflicto.
En la resolución judicial también se dispuso imponer las costas del proceso a la madre por sus inconductas procesales, y se dejó establecido que en caso de incumplimiento podrán aplicarse apercibimientos.
