El secretario general del gremio, Julio Barroso, explicó que el entendimiento garantiza la continuidad laboral de los trabajadores, el reconocimiento de su antigüedad y la vigencia de los convenios colectivos del sector. No obstante, en paralelo se abrió un proceso de retiros voluntarios para quienes decidan desvincularse de la empresa.
Según detalló el dirigente, el conflicto comenzó cuando a fines de enero se confirmó que el grupo accionario que controlaba IDM había vendido la compañía a un nuevo grupo empresario. Tras una reunión realizada el 23 de febrero, las partes comenzaron a negociar en base al mandato de las asambleas realizadas con los trabajadores desde junio de 2025.
El acuerdo clave se firmó el pasado 6 de marzo en el Ministerio de Trabajo de la provincia, con participación de autoridades provinciales, representantes de la empresa y delegados del personal.
“Para nosotros es una luz de esperanza. El grupo que adquirió la empresa manifestó su intención de volver a poner en funcionamiento la planta, que está parada desde noviembre del año pasado”, señaló Barroso.
La planta llevaba meses paralizada
La actividad había quedado interrumpida por la pérdida de la habilitación ambiental, conocida como “clave ambiental”, debido a incumplimientos de los antiguos accionistas. Sin esa autorización, la firma no podía operar con residuos peligrosos.
Aunque la habilitación fue recuperada a fines del año pasado, la empresa continuó sin retomar la actividad y acumuló deudas, incluso con los trabajadores.
“Los antiguos dueños no pagaron los sueldos de noviembre y fue una situación muy difícil para las familias de los 46 afiliados que tenemos en la planta”, explicó el titular del sindicato, quien recordó que el gremio debió asistir económicamente a los empleados durante ese período.
Garantías para los trabajadores
Uno de los puntos centrales del acuerdo establece el reconocimiento del Convenio Colectivo Químico Nacional, el convenio de empresa y la antigüedad de los operarios, lo que también fija una referencia clara para el cálculo de indemnizaciones en caso de retiros voluntarios.
Además, el entendimiento firmado impide que la empresa utilice el artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo, que permite pagar indemnizaciones reducidas al 50% en casos de fuerza mayor o falta de trabajo, si durante el proceso de transición volviera a caerse la habilitación ambiental.
Desde el sindicato señalaron que ahora comienza una etapa de reorganización de la firma, que deberá regularizar deudas con proveedores, restablecer servicios como ART y prepagas, y recuperar líneas de crédito bancario.
Mientras tanto, la expectativa es que en las próximas semanas comiencen tareas dentro del predio para avanzar con la reactivación y permitir el regreso progresivo de los trabajadores a sus puestos.
