Tres empleados de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Cañada de Gómez fueron imputados por una presunta defraudación contra la administración pública, en una causa que investiga el desvío de aproximadamente 76 millones de pesos hacia cuentas personales. La maniobra fue detectada a partir de una auditoría realizada por la Municipalidad y habría sido posible por irregularidades en los mecanismos de control del organismo.
El fiscal Santiago Tosco brindó detalles de la investigación en diálogo con Cadena 3 y explicó que los acusados trabajaban dentro de la estructura administrativa de la Caja, por lo que tenían acceso a información contable y al circuito de liquidación y pago de haberes.
Entre los involucrados hay una empleada que ocupaba una posición jerárquica, aunque no era funcionaria, y tenía a su cargo la asignación de pagos a los beneficiarios. Según la hipótesis fiscal, esa función le habría permitido identificar cuentas bancarias de jubilados y también de personas que no pertenecían al sistema previsional para concretar las transferencias. Los otros dos imputados también trabajaban en el área, y uno de ellos era esposo de la principal acusada.
“Es evidente justamente que los tres estaban en conocimiento y en coordinación, si se quiere, para poder realizar las maniobras”, sostuvo Tosco, aunque aclaró que la investigación continúa para determinar el grado de responsabilidad de cada uno.
El desorden en los controles
El monto investigado asciende hasta el momento a unos 76 millones de pesos. A cada uno de los tres empleados se le atribuye una suma cercana a los 25 millones, aunque el fiscal advirtió que la cifra podría incrementarse a partir del análisis de nuevos movimientos contables.
Uno de los períodos detectados comprende operaciones realizadas entre noviembre del año pasado y junio de este año. Para Tosco, las maniobras habrían encontrado un escenario favorable en las falencias de supervisión y detección de irregularidades.
“Esto marca la posibilidad de que, aprovechando ese desorden, nuestras falencias de detección, hayan podido realizar todos estos desvíos de fondos”, señaló el fiscal, al poner el foco en las debilidades de los mecanismos de control interno.
Los tres imputados ya no forman parte de la administración municipal y recibieron las correspondientes sanciones administrativas. No obstante, la Caja continuó funcionando con normalidad pese a las irregularidades detectadas.
Permanecen en libertad con restricciones
En el marco de la causa, los tres empleados permanecen en libertad. La Fiscalía solicitó medidas para garantizar el desarrollo de la investigación, entre ellas la prohibición de salir del país, de mantener contacto con las dependencias y el personal de la Caja y la obligación de realizar presentaciones periódicas ante la Justicia.
“Por el momento no era plausible una prisión preventiva, pero la investigación se sigue desarrollando y esto puede cambiar con el correr de la investigación”, concluyó Tosco.
