Tres personas del cordón a juicio por trata de personas

Se investiga una organización dedicada a captar jóvenes de la capital provincial para que ejerzan la prostitución en las rutas del Cordón Industrial. Un policía de Puerto San Martín implicado.


El fiscal federal Walter Rodríguez, de la capital provincial, elevó a juicio la causa que investiga una red de trata que captaba mujeres en el oeste de esa ciudad para que ejerzan la prostitución en las rutas del Cordón Industrial.

Los procesados son Martín Oscar Gómez, Zunilda Guadalupe Godoy y Mariela Alejandra Saldoval. Se los acusa por el delito de trata de personas agravado, y el juez que entiende en la causa es Reinaldo Rodríguez, quien previamente había dictado la falta de mérito para un policía acusado de liberar la zona donde las víctimas ofrecían servicios sexuales.

Se considera que el delito de trata está agravado por que en dos casos investigados se trató de menores, porque se abusó de la situación de vulnerabilidad de las víctimas, porque se concretó la explotación sexual y porque hubo más de tres personas participando en la organización.

Según la investigación judicial, a cargo del fiscal federal Walter Rodríguez, Zunilda Godoy era la cabeza de la organización delictiva, ya que se encargaba de captar a las víctimas a través de propuestas engañosas. Luego organizaba y coordinaba el traslado de las mujeres hacia los puntos de explotación.

Sandoval y Gómez, realizaban los traslados desde la ciudad de Santa Fe hasta Ricardone, Puerto San Martín y zonas aledañas.

La banda captaba jóvenes en los barrios humildes de la zona oeste santafesina y luego las llevaba a prostituirse en rutas cercanas a las terminales portuarias y eventualmente otros pueblos de la provincia.

El policía Rodrigo Adán María Delgadino, que trabajaba en la Comisaría Quinta de Puerto General San Martín, fue acusado de encargarse de liberar la zona a cambio de una suma de dinero.

En la investigación judicial que llevó a cabo el fiscal Walter Rodríguez se consta que Delgadino “se encargaba de garantizar la zona liberada del territorio donde se concretaba la explotación sexual, lo cual era retribuido económicamente en beneficio propio”.

Sin embargo, tras tomarle declaración indagatoria, el juez le imputó “haber integrado junto a Zunilda Godoy, Mariela Sandoval y Martín Gómez una organización dedicada al traslado de mujeres hacia distintos puntos de la provincia de Santa Fe”, agravado por las mismas causas que los demás y también por ser miembro de una fuerza de seguridad.

Esto, que a simple vista complicaba la situación de Delgadino, resultó a la inversa: la defensa del policía presentó un pedido de “apelación y nulidad” y la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario declaró la nulidad parcial.

La causa volvió al juez Rodríguez, quien en lugar de dictar otro procesamiento decidió no tomarle una nueva declaración a Delgadino y dictar la falta de mérito, otorgándole la libertad por falta de pruebas.

El fiscal presentó una apelación contra esa resolución, considerando que correspondía tomarle nuevamente declaración, ya que consta en la investigación que Delgadino cobraba la suma de 800 pesos semanales por cumplir su función en la organización.

 

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