Este martes, en su programa de radio por Cadena 3 Rosario, el periodista Hernán Funes puso en palabras lo que muchos rosarinos se preguntan en voz baja, y lo hizo con claridad, información y coraje: ¿la Justicia Federal de Rosario está al servicio de la sociedad o sigue protegida bajo el manto de una corporación que garantizó impunidad en los peores años del narcoterrorismo?
La pregunta viene al caso porque la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario debe resolver el pedido de prisión preventiva del juez federal Marcelo Bailaque, acusado por seis fiscales federales de delitos graves vinculados al encubrimiento, la pasividad cómplice y hasta relaciones impropias con los mismos grupos que debía investigar.
Funes fue categórico:
“Estas causas se generaron mientras en Rosario pasábamos los peores años, con cientos de muertos a manos de bandas narco, mientras los jueces que debían investigar estaban en otra. Se los acusa de mirar para otro lado, de patear allanamientos, de demorar intervenciones telefónicas… porque compartían contador con los investigados.”
La resolución de hoy en la Cámara será clave. Si se rechaza la prisión preventiva contra Bailaque, el mensaje será claro: la corporación se protege y la sociedad deberá seguir esperando. Más aún, un rechazo podría ser utilizado como argumento para que el Consejo de la Magistratura postergue indefinidamente una definición sobre la situación del juez, quien aún hoy sigue impartiendo justicia en el fuero federal de Rosario.
“Lo que hoy se debate está muy lejos del compromiso y del decoro que uno espera de alguien que ocupa un cargo a perpetuidad. Cómodo por las condiciones, incómodo por el ejercicio: ahí es donde se destaca quién está a la altura.”
Los jueces que deben resolver son Aníbal Pineda, de perfil alto y con rol de conducción dentro del tribunal, José Toledo Barbará y Elida Vidal. Todas las miradas —como señaló Funes— están puestas en Pineda, no solo por su voto, sino por lo que ese voto representa hacia adentro de la estructura judicial.
Pero el foco también se amplía con otra situación delicada: el acercamiento indebido de un cabo de la Policía Federal al juez Eduardo Rodríguez Da Cruz, quien se viene desempeñando con firmeza en causas sensibles y con un perfil que incomoda al statu quo judicial. El episodio, que habría incluido el ofrecimiento de un sobre con dinero por parte del uniformado, reaviva sospechas de un aparato que aún opera para condicionar a jueces que no responden a la lógica corporativa.
Ese mismo policía, según recordó Funes, fue quien en la audiencia de noviembre lideró el operativo para alejar a la prensa del juez Bailaque. “Nos fuimos sin pruebas, pero sin dudas”, dijo el periodista.
“A lo mejor ese financista es un señuelo. Quieren que el juez se equivoque para correrlo. El riesgo de recusación es latente. Lo están esperando.”
Hoy, la Cámara Federal tiene la oportunidad histórica de empezar a reparar el daño causado por funcionarios que durante años decidieron no ver. Rosario vivió una tragedia con nombre y apellido: bandas armadas, territorios tomados y una sociedad que se acostumbró a vivir con miedo. Todo eso ocurrió mientras la justicia federal, la que debía investigar, no lo hizo.
“O están con la sociedad, o están con la corporación. No hay más tiempo. Es hoy.”
