Un preso que se encuentra detenido en la Unidad Penitenciaria de Piñero solicitó la libertad condicional porque manifiesta haber conseguido un precontrato con una compañía norteamericana de tecnología referida a las redes sociales. Sus abogados defensores, Alejandro Impallari y Damián Vicente, hicieron la petición para cambiar su actual situación.
Ya que cumple prisión preventiva y la intención es que pase a la domiciliaria con el argumento de que es en beneficio de toda la sociedad que se encuentre en un emprendimiento laboral. Con grandes réditos, porque la compañía le dio el visto bueno a su proyecto con un desembolso inicial de unos 300.000 dólares que los recibirá una vez entregada la aplicación que desarrolló con un teléfono celular de baja calidad, el cual usaba como herramienta. Y que le fue quitado en medio de una requisa.
Aparentemente, según sus defensores, la fecha para la entrega del trabajo terminado es a fin de año, más precisamente el 7 de diciembre. Pero para que ello ocurra, necesita terminar de desarrollar su proyecto y contar con una serie de servicios básicos como una muy buena conexión de internet y unas 20 personas con conocimiento en la materia, desarrolladores web.
Porque en una primera instancia, la firma estadounidense que se dedica a herramientas para que las personas puedan conectarse y descubrir comunidades, aprobó y calificó como superadora a la aplicación creada por el recluso en relación a las otras presentadas.
Como ya cumplió más de la mitad de la condena por los hechos de encubrimiento investigados, solicitan que viva en el domicilio de su progenitora, haya un policía de custodia, lleve un dispositivo de control y esté presente un empleado judicial con conocimientos tecnológicos en el tema. Mientras que en el caso que no le concedan dicha opción, que le otorguen salidas laborales, extraordinarias y excepcionales, de lunes a sábado de 9 a 21 horas.
También asegura el preso que repartirá el dinero que percibirá porque 200.000 dólares serán para las personas que trabajarán en su emprendimiento y el dinero restante, en cuarto partes iguales, a sus aparentes víctimas, con el objetivo de resarcirlas, a la Policía de Santa Fe por la adquisición de vehículos de dudoso origen, al Poder Judicial con motivo de los gastos ocasionados en la investigación y finalmente para sus abogados defensores.
