Alineada con las reformas que impulsa La Libertad Avanza (LLA), la diputada nacional Juntos por el Cambio, Patricia Vásquez, presentó un proyecto de ley para eliminar las oficinas de registros del automotor y reemplazarlas por una ventanilla digital que abarque todo el país, en un intento de simplificar y reducir los costos del sistema.
“Cumplí. Presenté el proyecto para eliminar los registros automotores y crear un Registro Nacional Único totalmente digital! Única patente toda la vida! Ahora, a impulsar esta ley y conseguir los apoyos necesarios para que haya menos Estado y menos burocracia”, planteó la legisladora nacional cercana a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en un comentario desde su cuenta de la red social X.
Durante la campaña electoral, Javier Milei puso en tela de juicio la existencia de los registros automotores al señalar que el nombramiento de cada dependencia forma parte de los privilegios de la “casta política”. En repetidas ocasiones, el ahora presidente expresó su intención de cerrarlos, anular el impuesto de sellos y reducir los aranceles de patentamientos y transferencias de vehículos como parte de una reorganización de los organismos públicos.
El proyecto de Vásquez recibió el apoyo de la canciller Diana Mondino, una de las funcionarias clave en la estructura poder libertaria. “Apoyo absolutamente toda medida para eliminar burocracia”, le contestó por redes sociales la ministra de Relaciones Exteriores a la legisladora bullrichista.
El proyecto de ley que consta de 57 artículos, en el que se modifica el sistema de registración de automotores y prendas y “crea un Registro Único Nacional Digital (RUNDA), a los efectos de eliminar definitivamente la intermediación y actuaciones ante los registros seccionales, que dejan de existir”.
El RUNDA se extiende “a todo el territorio Nacional y a todas las operaciones de inscripciones y/o transferencias de automóviles, camiones, inclusive los llamados tractores para semirremolque, camionetas, rurales, jeeps, furgones de reparto, ómnibus, micro ómnibus y colectivos, sus respectivos remolques y acoplados, todos ellos aun cuando no estuvieran carrozados, las maquinarias agrícolas incluidos tractores, cosechadoras, grúas, maquinarias viales e industriales, motovehículos y todas aquellas que se autopropulsen”.
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Según se señala en los artículos 5, 6 y 7, la inscripción del dominio o patente continuará siendo de carácter obligatorio y su transmisión “quedará constituida a partir de la inscripción de los datos del adquirente en el RUNDA y el título se formalizará con la sola firma digital constituyendo un instrumento público certificado”. De esta manera, se “reemplazarán la totalidad de los trámites presenciales ante los Registros Seccionales y la gestión de formularios”.
También se fija un arancel único para todo el país, que representa “el costo de servicio público por la autoridad de aplicación y no con relación al valor del bien a transferir”, se desprende de los artículos 26 y 27.
Por otro lado, el proyecto reemplaza el sistema actual de Verificación Técnica Vehicular (VTV) y Revisión Técnica Obligatoria (RTO) por el siguiente esquema: “La Revisión Técnica Obligatoria, en los casos que la ley lo establezca y las disposiciones complementarias, se podrá realizar en los talleres habilitados en los términos dispuestos por los Artículos 34 y 35 de la Ley 24.449 de cualquier jurisdicción, los cuales deberán cumplir los requisitos indispensables para asegurar las óptimas condiciones de circulación. Se deberá verificar, como mínimo, el debido funcionamiento de luces, cubiertas, tren delantero, frenos y la no emisión de gases contaminantes”.
Sobre este punto, el borrador agrega que se “dispondrá la finalización de las sucesivas prórrogas de las concesiones otorgadas mediante el Decreto 4103/1995, en todas jurisdicciones del país. A partir de la entrada en vigencia de la presente ley, no será obligatorio el grabado de autopartes y cristales, ni la verificación policial. Se instará a las autoridades respectivas el debido control de seguridad”.
El debate sobre la necesidad de reformar el sistema de registros automotores ganó fuerza en el último tiempo. La iniciativa legislativa de Vásquez no es la única, pero es la que por el momento tiene un aval explícito por el Gobierno. Este jueves, en el Congreso se llevará a cabo una presentación pública de cuatro diferentes propuestas de legisladores de la UCR bajo la consigna “Simplifiquemos el registro de tu auto”, con propuestas para hacer transferencias rápidas, transparentes y mucho menos costosas.
En Argentina, existen actualmente 1.557 registros de la propiedad automotor que gestionan mensualmente alrededor de 180.000 transferencias o inscripciones de vehículos, incluyendo automóviles, motocicletas y transporte pesado, así como maquinaria agrícola. En el año 2022, se registraron 407.532 operaciones de vehículos 0 km, 1.589.000 de vehículos usados, 410.955 de motocicletas nuevas y 401.562 de motocicletas usadas.
Este sistema registral está bajo la jurisdicción de la Dirección Nacional de Registro Automotor (DNRPA), que opera en la órbita del Ministerio de Justicia de la Nación, a cargo de Guillermo Francos. Su funcionamiento es objeto de críticas debido a su naturaleza burocrática, falta de eficiencia, elevados costos y complejidad.
