Hasta hoy rige el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que el gobierno nacional había firmado y prorrogado en reiteradas ocasiones para prohibir los despidos y suspensiones sin causa justa.
Aquellos casos en los que las patronales incurrieran en algo así era (aún lo es) sancionado con recargos en los montos indemnizatorios.
La última prórroga se estableció hasta el 30 de junio y desde el gobierno anticiparon que no habrá otra extensión, por lo que se volverá al régimen anterior de simple indemnización.
Para ello entiende que lo más duro de la pandemia quedó atrás y ya hay suficiente expansión en el empleo formal que hace innecesaria la continuidad de la norma.
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