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Vicentín: Acreedores encabezados por Grassi no presentaron propuesta alternativa

De no avanzar la propuesta de pago el posible escenario de cramdown llevará más de 18 meses para que puedan cobrar los acreedores y peligran los salarios de los empleados.


Vicentín puerto

En una reunión técnica donde participaron representantes de la sindicatura, el juzgado y de los acreedores de la empresa Vicentín, se analizaron los términos en que se deberían lograr en caso de que se llegue a la situación del cramdown.

Fue el propio magistrado quien abrió la exploración informativa de esa instancia, tras las repetidas declaraciones de un Fideicomiso de Acreedores (encabezado por el empresario Mariano Grassi) que no está de acuerdo con la propuesta de rescate y que dice tener una instancia superadora de pago. Hasta el momento no hay en el expediente judicial una presentación formal que avale otro camino, que garantice continuidad operativa y mejore la cobranza de los acreedores.

Patricio Prono, integrante de la sindicatura, se encargó de la exposición, donde señaló los tiempos y los requisitos que demandarían esta operatoria, en caso de que no sea aceptada la propuesta de pago presentada por los Interesados Estratégicos.

De llegar a esa situación, dijo que se abriría el registro el 1 de abril próximo. A partir de allí se publicaron los edictos. El 5 de mayo se designará el evaluador, quien tendrá 90 días hábiles para realizar su trabajo. 

Se estima que las distintas tares de evaluación, auditoría y cumplimiento de términos jurídicos de fijación de precios, se extenderá hasta el 8 de marzo de 2023, con el vencimiento del acuerdo. Finalizando lo trámites en agosto de 2023.

Posteriormente, el funcionario enumeró los requisitos que deberán presentar los candidatos a participar del cramdown. Entre los que destacó: justificar antecedentes en el rubro, fuentes de financiamiento para asegurar el normal funcionamiento de la empresa, demostrar solvencia financiera acreditando capital de trabajo para mantener la actividad y el cumplimiento de las obligaciones previsionales e impositivas.

Ante la pregunta sobre el futuro de los contratos de fasón que en la actualidad financian el funcionamiento de los activos y el pago de los salarios de los trabajadores, el funcionario aclaró que esos contratos contienen una cláusula de recisión que se dispara a los 60 de ponerse en marcha el cramdown. Lo que significa que terminarían el 31 de mayo de 2022, y a partir de ese momento, los aspirantes deberán afrontar los gastos del funcionamiento de las plantas y el pago de salarios.

También se preguntó si se mantendría la dolarización de sus acreencias, a lo que el funcionario respondió que eso sería decisión que deberán aclarar los candidatos al presentar sus ofertas. 

Los acreedores manifestaron su inquietud sobre el incrementarían que sufrirán los gastos judiciales, sobre todo por los honorarios del evaluador y las otras acciones que se llevarán a cabo en una gestión que se prolongará por más de un año.

Todos estos antecedentes hacen que los acreedores estén en una disyuntiva: cobrar ahora o esperar casi un año y medio que se cumplan los tiempos judiciales sin tener ninguna certeza sobre el resultado.

 

 

 

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