La llegada de Sergio Massa al Ministerio de Economía de la Nación despuntó nuevas expectativas sobre el futuro de Vicentin. Es que el concurso de acreedores estaba a punto caramelo para una definición pero fue frenado por la Corte Suprema de Santa Fe, entró en stand by y otros planes volvieron a cobrar fuerza.
El punto de partida para las especulaciones fue la íntima relación de Massa con el mendocino José Luis Manzano, el exministro de Carlos Menem devenido en hombre de negocios, y socio de Daniel Vila. De hecho, el tigrense es figura mimada de toda la vida en los programas del grupo América, y se lo señala como principal gestor del arribo en 2021 de Vila-Manzano al control de la firma Edenor, un trámite que está siendo investigado por la Justicia. Manzano viajó especialmente de su residencia en Suiza para participar del acto de asunción de Massa al Palacio de Hacienda.
¿Cómo se conecta Manzano con Vicentin?
El empresario fue broker en 2020 de una operación para tomar Vicentin -aportes del Estado de por medio, como ocurre con la mayor parte de estas fórmulas alternativas-. Fue una jugada previa a la fracasada expropiación de la agroexportadora, y en su momento se especuló que ambas determinaciones estuvieron relacionadas. También es histórica la capacidad de Manzano para maniobrar sobre la Corte y la Justicia santafesina, que fue varias veces puesta a prueba cuando Vila-Manzano disputaron en los tribunales por sus tenencias en el diario La Capital de Rosario enfrentando a Carlos “Bocha” Lagos.
Por otro lado emerge un grupo de medio centenar de acreedores granarios encabezados por Mariano Grassi, que pilotea las embestidas judiciales en el fuero federal y ante la Corte y motorizan un cramdown el Vicentin. Respaldan esta jugada un grupo de abogados liderados por Leandro Salvatierra, socio del empresario de medios Gustavo Scaglione en Canal 3 y en el diario La Capital. Aunque hasta poco se habló de un inminente juicio de los mendocinos a Scaglione por retrasos en los compromisos de pago, ahora las relaciones aparentemente mejoraron.
Salvatierra y Scaglione también integran el fideicomiso SanCor Capital que apuesta a quedarse con la láctea con base de operaciones en Sunchales. En ese proyecto también están comprometidos Marcelo Figueiras, dueño de Laboratorios Richmond y José Urtubey, mayor accionista de Celulosa Argentina, también con estrecho vínculo con Manzano y siempre cercanos al poder.
Sin embargo, fuentes cercanas al pool de acreedores granarios consultados por Punto biz descartaron con un “No” rotundo sobre la participación de Manzano en el convite de Vicentin. Dan testimonio del buen diálogo entre los antiguos dueños de La Capital y los actuales, admiten que el asesoramiento legal del estudio Casanovas & Salvatierra fue vital para empujar a Vicentin hacia un cramdown, pero descartan que Manzano sea parte de la jugada.
Aseguran así que si hubiese detrás de la nueva Vicentin una figura controversial como Manzano, sería muy difícil competir con la confianza cimentada por los competidores Cargill, Dreyfus, Bunge o Viterra a los que debieran disputarle el aprovisionamiento de los granos. Sí promueven que en un escenario de cramdown el Estado asuma un aporte para ingresar como accionista minoritario, al igual que lo que ocurre con Molinos Agro desde la estatización de las AFJP.
Ahora que la Corte habilitó la figura de avocamiento para analizar si el juez del concurso Fabián Lorenzini actuó a derecho, ven más cercana la alternativa de un cramdown. La Corte tiene que analizar todos los cuerpos del expediente concursal para ver cómo sigue la causa, pero los acreedores granarios afinan la estrategia de cara al eventual cramdown bajo una serie de parámetros:
-Van a competir en el cramdown. Anticipan que al momento de blanquear la propuesta los acreedores granarios tendrán la opción de subirse o no al plan.
-Desde el comienzo de la construcción de la hoja de ruta vienen consultado a un Estado propenso a escuchar en tanto y en cuanto la propuesta en gestación sea superadora a la de Vicentin.
-Suena fuerte la posibilidad de que el Estado pueda capitalizar el nuevo esquema y eventualmente pueda retirarse cuando la nueva empresa cobre valor, o bien permanezca como accionista minoritario.
Fuente: Punto Biz
