"Consecuencias económicas y sociales gravísimas"

Vicentín asegura que sin fazón no hay forma de pagar salarios

La empresa pidió que se restituya inmediatamente la causa al juez. La empresa cuenta con el patrocinio de Ricardo Gil Lavedra.


Vicentín

La empresa presentó un planteo ante la Corte Suprema de Justicia  solicitando «la inmediata devolución del expediente” al juez que lleva la convocatoria de acreedores. Rafael Gutierrez firmó una avocación quitando el expediente al Juez Fabian Lorenzini.

Los constitucionalistas Gil Lavedra y Toricelli comienzan el escrito mostrando la desconformidad de no haber sido notificias del decreto de avocamiento firmado por el Presidente de la Corte Suprema de Santa Fe Rafael Gutierrez «tomado conocimiento de la paralización del concurso como consecuencia de un decreto de la Presidencia de la Corte Suprema, que no fuera notificado a mi parte, venimos por el presente a notificarnos de la existencia del mismo, aún cuando ignoramos su contenido».

Entre los objetivos del escrito piden que el resto de los miembros de la corte no se suban a la decisión en soledad del presidente «venimos a plantear formalmente un recurso de revocatoria contra el decreto de Presidencia de fecha 16 de junio de 2022 en cuanto admite sustanciar un pedido de avocación y ordena la suspensión de los plazos del proceso concursal y solicita la remisión del expediente. Se pretende que, por decisión del cuerpo en pleno, se revoque dicho decreto, se devuelvan los autos principales al juzgado de origen y se deje sin efecto la suspensión de términos ordenada. En subsidio, pretendemos que el pleno de la Corte Suprema no haga lugar al pedido de avocación y retorne los autos a la instancia que corresponde. Como trataremos de demostrar seguidamente no hay norma legal alguna que autorice a VE a sustraer el expediente de la instancia que le es propia y, de hacerlo, provocará un verdadero escándalo jurídico que acarreará, seguramente, una grave crisis económica y social«

Los abogados de Vicentín aseguran en el escrito que se enteraron por los medios del pedido de avocación de uno de los acreedores «tomamos conocimiento por noticias periodísticas de un pedido de avocación que se habría presentado por un acreedor ante la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe»

«El acreedor que habría efectuado la presentación, según surge del informe presentado por el Juez del Concurso que figura en el portal Punto biz (del 25/6/22), sería Commodities S.A. – Grupo Grassi – , quien habría alegado la existencia de graves y fraudulentas circunstancias en los trámites concursales, que a su criterio ocasionan un caso de interés institucional para que la Corte se avoque a su conocimiento. Es del caso reiterar que lo expuesto se basa en la publicación de un escrito que habría presentado el Juez de la causa concursal y que se encuentra publicado en un medio periodístico».

La empresa expresa en el comunicado como continua con la operación y los ingresos para el pago de los salarios «remarcar que durante la tramitación del concurso Vicentin no ha incurrido en nuevas deudas post concursales, ha pagado todos los salarios e impuestos, ha mantenido las plantas funcionando, no ha habido despidos y las únicas deudas de la sociedad son las que se verificaron en el concurso. No puede soslayarse que esta situación es altamente infrecuente, ya que lo usual es que las empresas concursadas contraigan inmediatamente nuevos pasivos postconcursales que constituyen un mayor riesgo para el cumplimiento del acuerdo. Actualmente, la economía de la Sociedad se sustenta en fazones, dado que Vicentin no compra granos ni vende harina o aceite; los productos pertenecen a las empresas que hacen los fazones, siendo el capital de trabajo (más de 300 millones de dólares) y el riesgo comercial también de ellas. Nuestra empresa solo cobra el precio del servicio de fazón, los que actualmente ocupan cerca del 90% de la capacidad industrial de la sociedad. Y, precisamente, ese precio que cobra por los fazones es el que permite a la Sociedad pagar todos los costos fijos y variables, lo que explica la inexistencia de pasivos postconcursales».

Por otro lado aseguran que si prospera la opción de Commodities S.A. se caen inmediatamente los fazones cortando toda posibilidad de ingresos para la empresa y por consiguiente el peligro de que los empleados dejen de percibir sus salarios. Grassi corredor de cereales y dueño de Commodities S.A. en ningunas de las notas brindadas al diario La Capital de Rosario pudo dejar claro como va a asegurar la continuidad de la empresa sin el aporte de la materia prima de los fazones.

«Si la sociedad fuese al cramdown, los fazones se interrumpirían y no se podrán pagar sueldos, impuestos ni ninguna otra obligación; y al ser el volumen de Vicentin tan grande no resultará sencillo conseguir nuevos fazones, por lo que mes a mes, la situación se agravará inexorablemente», aseguran en el escrito presentado a la Corte.

Vicentín asegura que hasta el decreto de Gutierrez tienen homologada 60% de acreedores y el 67% de los acreedores financieros «hasta la fecha de suspensión que efectuara la Corte provincial, el apoyo a la propuesta era contundente, dado que más del 60% de los acreedores presentaron sus conformidades (mayoría de personas); y de no mediar ningún obstáculo, antes del 30 de junio (vencimiento del período de exclusividad) la Sociedad presentará las conformidades del sector financiero que junto a las conformidades ya presentada superarán holgadamente el 67% del capital (mayoría de capital). Que el acreedor Commodities SA, que no tiene representación mayoritaria, no esté conforme, no significa que tenga derecho a hacer fracasar un acuerdo que cuenta con amplio consenso. Pero, además, analicemos las consecuencias que se pueden generar de no arribar a un acuerdo. La alternativa a la propuesta es el cramdown, que es un proceso que demorará más de 8 a 12 meses, según la estimación presentada por la Sindicatura en Mesa Técnica, en el que, como dijimos, muy posiblemente la sociedad colapsará por falta de ingresos».

Los contitucionalistas contratados por Vicentín afirman que Gutierrez no tiene facultades legales para el avocamiento «la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Provincia de Santa Fe (LOPJ), en ningún caso otorga atribuciones al cuerpo, y menos al presidente de la Corte, para adoptar una decisión como la que aquí se tomó».

Por último la empresa deja claro «carece de toda facultad constitucional y legal para inmiscuirse en un asunto que tramita pacíficamente en un tribunal de la provincia. Pretender hacerlo constituiría un acto de gravedad institucional inusitado, pues significaría un acto contrario a la Constitución y a la ley que acarrearía consecuencias económicas y sociales gravísimas.

Comentarios