La audiencia convocada por el juez Fabián Lorenzini en los tribunales de Reconquista este viernes 12 de abril fue todo menos una formalidad. Con una planta paralizada, trabajadores sin cobrar el sueldo de marzo y activos en riesgo de pérdida total, el escenario fue de máxima tensión. Cada parte involucrada —desde los directivos de Vicentin hasta los gremios, pasando por la Unión Agrícola, acreedores como Commodities, funcionarios provinciales y municipales— tuvo su turno para hablar. Y hablaron sin filtro.
El primero en tomar la palabra fue Estanislao Bougain, integrante del directorio de Vicentin, quien defendió la decisión de paralizar la empresa:
“Se decidió en comité hacer una parada segura de las plantas el viernes pasado, por temor a no tener ni energía ni fuerza laboral para poder hacerlo ordenadamente”.
Bougain describió el estado crítico de la compañía y señaló la falta de certezas jurídicas:
“En caso de que la Corte provincial no gire la queja a la Corte Nacional, este directorio tiene que mandar la queja por su cuenta, pero sin certezas de plazos. Y con esta realidad de la empresa, no hay certezas de continuidad”.
Sobre la posibilidad de un cramdown —proceso de salvataje por parte de terceros—, Bougain fue categórico:
“Los tiempos son igual de largos y nunca hubo ninguna propuesta concreta de Commodities. No sabemos si planean operar con todos los empleados, ni en qué condiciones. Nunca se presentó una propuesta real”.
Pero las respuestas no tardaron. Daniel Succi, del sindicato aceitero, fue el primero en contestar duramente:
“La parada segura es una mentira, es una maniobra para apretar a la Corte. Desde que se fueron los interventores, en septiembre de 2024, se volvieron a robar los sueldos”.
Y agregó:
“En febrero Vicentin siempre trabajó sin soja. Este verso de que no hay semilla es una excusa. Las fábricas paradas no le sirven a nadie. Los trabajadores sin sueldo no pueden poner la planta en marcha”.
Succi también remarcó la situación de Renopack, controlada por Bunge y no incluida en el concurso, cuyos trabajadores cobraron el 60% del salario. Y advirtió:
“Ya le avisamos al ministro de Trabajo. No sabemos hasta cuándo vamos a poder contener a los compañeros. Si hay que poner algo para que cobren, el gremio está dispuesto”.
El trabajador Martín Morales fue aún más duro:
“Empezamos mal si la empresa está representada por Bougain, una persona imputada por estafa. Tenemos que correr al directorio, si no lo hacemos, nada de esto sirve”.
Daniel Fernández, también trabajador, agregó:
“Nosotros estamos adentro de las plantas. Cumplimos con la ley. Pero hay compañeros que ya no pueden pagar el alquiler, y otros que no tienen para comer. Nos cortaron los colectivos y seguimos yendo igual. Lo único que sabemos hacer es trabajar”.
Juan Lemos, por su parte, desmintió la supuesta parada segura:
“Hay caños con aceite, silos con girasol. Esto no es una parada segura. Es una bomba”.
Desde el gremio, la abogada Laura Campa exigió certezas:
“Queremos saber si van a cobrar o no. No podemos vivir con esta incertidumbre. Los tiempos del cramdown y de la Corte son largos. En este estado, cualquiera podría pedir la quiebra”.
Bougain respondió a cada crítica:
“La semilla que está en la planta está en riesgo. No podemos pagar colectivos, como tampoco ustedes. Si alguien logra convencer a los socios de introducir semilla, estaremos listos. No estamos aferrados a ningún cargo”.
Sobre su situación judicial, dijo:
“Las imputaciones fueron rechazadas y están apeladas. No hay condena. No es cierto que hay honorarios de abogados con fondos de la empresa”.
La Unión Agrícola de Avellaneda planteó que podría colaborar con un adelanto de semillas para terminar el girasol y embarcar el pelet en el puerto. Pero exigieron:
“Necesitamos seguridad jurídica. No podemos estar solos. Si no se suman ACA, Bunge y Viterra, vamos a tener que retirar nuestros bienes en 15 días”.
Uno de los veedores, Andrés Shocron, fue lapidario:
“Hoy se están perdiendo los activos y la fuente laboral. No hay ninguna alternativa concreta sobre la mesa para revertir esto”.
El ministro de Trabajo de Santa Fe, Roald Báscolo, coincidió:
“La empresa necesita trabajar con soja para sostenerse. No comparto la decisión de haber cerrado las plantas. Esa soja podría haber ayudado a pagar salarios. Hay dos grupos en pugna: uno por la homologación y otro por el cramdown, y también hay quienes esperan la quiebra”.
Desde Avellaneda, el intendente Gonzalo Braidot advirtió:
“La situación es crítica. Necesitamos garantías. No queremos que la Unión Agrícola quede perjudicada por ayudar. La Justicia debe dar certezas para que los que apuestan no queden expuestos”.
El empresario Mariano Grassi, de Commodities, cerró con un mensaje demoledor:
“Espero que sea la última vez que escuche a Bougain. Los directores de Vicentin son el problema. Los activos le interesan a mucha gente. Si quieren pedir la quiebra, háganlo. Nosotros no vamos a ser socios de delincuentes. Nadie serio va a poner plata en este esquema. Necesitamos una intervención ya”.
Ante el cierre explosivo de Mariano Grassi —quien acusó directamente al directorio de Vicentin de ser el principal obstáculo—, Bougain respondió sin esquivar el golpe:
“Si el obstáculo somos nosotros, no estamos atados a ninguna silla. No vemos dos grupos en pugna. Grassi dijo que no está dispuesto a poner plata en el corto plazo. Cuando se alcance la homologación, esta compañía va a quedar blindada por 12 años con empresas como ACA, Bunge y Viterra.”
Bougain defendió la legalidad de su gestión y la necesidad de estabilidad para reactivar:
“Nuestros clientes necesitan seguridad jurídica. La posición de los trabajadores de seguir trabajando es valorable. La propuesta de la Unión Agrícola y lo que plantea Pucciarelo para Avellaneda son caminos posibles, pero sin garantías es inviable avanzar.”
a voz del sindicalismo volvió a sonar fuerte con las palabras de Hugo López, del gremio de Aceiteros, quien puso el foco en lo esencial: la plata para que los trabajadores vivan y las plantas funcionen.
“La gente no tiene un plato de comida. No vamos a salir de acá sin una solución concreta. En la zona hay muchas empresas que pueden tener problemas si esto sigue así.”
Con crudeza y realidad, López desarmó cualquier relato sobre fasones o esquemas transitorios:
“Están hablando de fasones, lo que hay que conseguir es plata. El horno no está para bollos. Vamos a moler piedra si es necesario, pero con plata.”
El planteo fue respaldado con gestos por los trabajadores presentes y fue, quizás, el punto de mayor consenso entre todas las partes. Porque sin fondos, todo lo demás —homologaciones, cramdown, propuestas parciales— queda en el terreno de lo abstracto.
Pero el momento más dramático llegó sobre el final. Mientras Lorenzini explicaba que ordenaría al directorio presentar informes de caja, cronogramas de pago y situación de los contratos, trabajadores interrumpieron a los gritos la transmisión de Zoom:
“¡Que se pudra todo, loco!”
“¡Basta, viejo, basta!”La audiencia debió ser cerrada abruptamente por el juez, que ya no podía continuar en medio del desborde emocional.
Ese grito desesperado fue la postal más cruda de una audiencia histórica: un proceso que lleva cinco años, miles de familias esperando, fábricas detenidas y una justicia que reconoce no tener herramientas para revertir la situación.
