La crisis de Vicentin S.A.I.C. vuelve a entrar en una etapa decisiva. A través de un escrito dirigido a la Corte Suprema de Santa Fe, la compañía, representada por los abogados Ricardo Gil Lavedra y Maximiliano Toricelli, expuso la crítica situación financiera en la que se encuentra y reiteró su pedido para que se convalide el Acuerdo Preventivo, impugnado por el Grupo Grassi a través de la empresa Commodities S.A.
En el documento, la empresa destaca que el principal argumento de la impugnación es la presunta abusividad de la propuesta de pago del 30% de la deuda concursal. Sin embargo, Vicentin pone sobre la mesa una nueva circunstancia: los mismos actores que objetan la propuesta adquirieron en el mercado financiero los créditos de los bancos internacionales a un valor de solo el 11% del total nominal. Esto, argumenta la firma, demuestra que la oferta que presentó a los acreedores es sustancialmente superior al precio real de mercado y, por lo tanto, no puede considerarse abusiva.
Un deterioro financiero progresivo
Vicentin detalla que desde la presentación de las mayorías necesarias para alcanzar el acuerdo han transcurrido 27 meses, en los cuales la empresa ha perdido 47,4 millones de dólares en capital de trabajo y ha debido afrontar 106,3 millones de dólares en salarios, contribuciones sociales y cancelaciones de pasivos privilegiados. La falta de previsibilidad y la incertidumbre judicial han erosionado las finanzas de la compañía, que advierte sobre su incapacidad para sostenerse sin una resolución definitiva del conflicto.
La falta de liquidez llevó a la empresa a solicitar un Procedimiento Preventivo de Crisis ante el Ministerio de Trabajo para poder negociar con los sindicatos el pago de una “Gratificación Extraordinaria No Remunerativa”, correspondiente a enero de este año. A pesar de haber cumplido con el pago de salarios y aguinaldos de diciembre, Vicentin reconoció que no contaba con los fondos para afrontar el pago de esta gratificación, lo que llevó a los sindicatos a decretar un cese de actividades.
Esta paralización tuvo un impacto inmediato en la operatividad de la empresa: el ingreso de camiones con materia prima pasó de 450 por día a 150, y posteriormente a cero, afectando la producción y agravando aún más su situación financiera.
El futuro en juego
Uno de los puntos más delicados que plantea Vicentin en su presentación es la incertidumbre sobre los contratos con los Inversores Estratégicos (IE), actores clave en el acuerdo preventivo. La empresa asegura que estos contratos vencen el 28 de febrero y que, si bien espera prórrogas, no tiene certezas sobre cómo reaccionarán los inversores ante la incertidumbre judicial. La falta de previsibilidad podría frustrar estos acuerdos y dejar a la compañía sin respaldo financiero para garantizar su continuidad.
Otro punto alarmante es la ausencia de contratos de fazón para la molienda de soja. Vicentin reconoce que en el actual contexto de indefinición judicial, no ha logrado asegurarse contratos de molienda, salvo los correspondientes a girasol, lo que compromete aún más su operatividad.
Un pedido urgente a la Corte
El escrito de Vicentin cierra con un petitorio a la Corte Suprema de Santa Fe en el que solicita la homologación inmediata del acuerdo preventivo, argumentando que la impugnación del Grupo Grassi carece de fundamento y que la demora en la resolución del concurso pone en riesgo la continuidad de la empresa. Además, pide una audiencia con el tribunal para explicar en detalle la situación financiera de la firma y el impacto de la indefinición judicial sobre su operatividad y la estabilidad laboral de sus empleados.
La resolución de la Corte se vuelve cada vez más determinante para el futuro de Vicentin. Con contratos en riesgo, sin recursos para afrontar sus obligaciones y una operatividad cada vez más limitada, la empresa busca una salida que le permita sostenerse y evitar la quiebra definitiva. Mientras tanto, el reloj avanza y el desenlace del concurso más grande de la historia argentina sigue en manos del máximo tribunal santafesino.
