La historia de Vicentin se convirtió, quizás, en el papelón judicial más costoso para la economía santafesina en lo que va del siglo. El concurso de acreedores más grande de la provincia lleva cinco años abierto y tres con una propuesta concreta de homologación, avalada por tres gigantes del agro: ACA, Viterra y Bunge. La Justicia, sin embargo, decidió mirar para otro lado, enredarse en formalismos y empujar a la empresa a un colapso operativo.
Hoy, ese mismo concurso sigue sin homologar y la empresa, sin poder comercializar por sí misma, apenas sobrevive gracias a fasones que garantizan algo de facturación para sostener su estructura mínima. Pero incluso eso estuvo en riesgo por la falta de garantías judiciales claras que dieran certidumbre a quienes ponen la mercadería y el capital operativo.
En el medio, se dictaron prisiones preventiva para cuatro directivos —una decisión que generó desconcierto en todo el ecosistema productivo— y una obsesión penal por las salidas de dinero de la caja, que si bien deben investigarse, están lejos de explicar por sí solas la situación financiera de la compañía. La caja se secó por falta de operación, y esa parálisis se debe a la indecisión judicial.
En los últimos meses, fue el Ministerio de Trabajo de la provincia, conducido por Roald “Coco” Báscolo, quien tomó el timón. Y lo hizo con claridad. En la última audiencia celebrada en Reconquista, Báscolo fue terminante con los jueces: “La Justicia no puede seguir siendo un factor de bloqueo para una empresa que sostiene miles de familias”. Su presencia en el proceso cambió el tono de la discusión.
Hoy, en la sede del Ministerio de Trabajo en Rosario, se celebra una audiencia clave. Según pudo confirmar SL24 de fuentes altas del gobierno provincial, las empresas estratégicas están dispuestas a retomar su rol en la operatoria de las plantas de San Lorenzo. Pero no estarían solas: otras firmas también acercaron propuestas para sostener fasones y dar inicio a un nuevo ciclo, aún bajo intervención judicial.
La posibilidad de reactivar Vicentin por la vía productiva, con apoyo empresario y respaldo político, marcaría un punto de inflexión. No sólo para la empresa, sino para la provincia. Es un intento de cerrar una etapa de descrédito institucional que afectó la imagen de Santa Fe como plaza para inversiones industriales.
La propia vicegobernadora Gisela Scaglia fue durísima al respecto:
“Este es un poder del Estado que ahuyenta inversiones. No es un problema del Ejecutivo, pero sí impacta en la imagen institucional de Santa Fe. Lo de Vicentin fue un chiquero”.
Mientras la causa penal sigue su curso, lo que está en juego es el futuro operativo de una de las plantas más importantes del cordón industrial argentino. De esa planta, y de sus fasones, dependen no sólo los trabajadores directos, sino también proveedores, contratistas, transportistas, puertos y comercios regionales.
Hoy, quizás, la política haga lo que la Justicia no quiso: darle un cauce productivo a un conflicto que amenaza con arrastrar a todos. Y dar un primer paso para que Vicentin deje de ser un caso judicial, y vuelva a ser lo que supo ser: una planta en marcha.
