La agroexportadora Vicentin emitió un comunicado oficial en el que informa que, debido a la grave crisis financiera que atraviesa, se ve imposibilitada de abonar la totalidad de los salarios correspondientes al mes de febrero. Según el documento firmado por el directorio, hoy 9 de marzo solo podrá depositar el 30% del neto de los haberes, y la empresa se compromete a ir completando los pagos a medida que reciba fondos de fazones en proceso.
La compañía lamentó la incertidumbre que atraviesan sus trabajadores y aseguró estar trabajando con la mayor celeridad posible en la búsqueda de acuerdos que permitan normalizar los procesos productivos de sus plantas. Sin embargo, la situación parece estar lejos de resolverse y el futuro de la empresa sigue dependiendo de una decisión judicial que aún no llega.
Más de cinco años de concurso sin definiciones
Desde el estallido de su crisis financiera en 2019, Vicentin ha intentado salir a flote a través de un concurso de acreedores que, cinco años después, sigue sin resolución definitiva. En su más reciente movimiento judicial, la empresa presentó un Recurso Extraordinario Federal para que la Corte Suprema de la Nación intervenga y defina la homologación del acuerdo alcanzado con los acreedores.
Según el planteo de la compañía, la falta de definición judicial ha generado un efecto devastador en su flujo de caja. En el recurso, Vicentin sostiene que la paralización de su concurso ha impedido la llegada de inversiones clave y ha dificultado el acceso al crédito, elementos fundamentales para la reactivación de sus operaciones.
Las consecuencias de la crisis
El impacto de esta situación no solo afecta a los trabajadores de la empresa, sino que también golpea a toda la cadena productiva que depende de Vicentin. Actualmente, la agroexportadora opera con capacidad reducida, afectando a productores, transportistas y proveedores que dependen de su actividad.
En su comunicado, la empresa menciona que los pagos se irán completando con los ingresos que se obtengan a través de los fazones, es decir, a medida que se procesen y comercialicen los granos que recibe para molienda. Sin embargo, la falta de previsibilidad en los ingresos y la ausencia de una línea de financiamiento clara complican el panorama.
El recurso ante la Corte Suprema Nacional
El recurso presentado ante la Corte Suprema de la Nación apunta a revertir la decisión de la Corte Suprema de Santa Fe, que dejó sin efecto la homologación del acuerdo de acreedores aprobada por la Cámara de Apelaciones de Reconquista. En su planteo, Vicentin denuncia que la intervención de la justicia santafesina ha sido irregular y ha perjudicado gravemente su operatividad.
Uno de los puntos más cuestionados por la empresa es el accionar de los jueces Rafael Gutiérrez y Daniel Erbetta, quienes intervinieron en la causa a pesar de haber adelantado opinión en contra de la homologación. Además, el tribunal santafesino retuvo el expediente del concurso durante más de ocho meses sin justificación, paralizando aún más el proceso.
Vicentin sostiene que el único camino viable para evitar la quiebra es la homologación del acuerdo ya aprobado por los acreedores, dado que no existen oferentes en un eventual cramdown (proceso en el que otros interesados podrían presentar una propuesta alternativa de pago). Si la Corte Suprema de la Nación no interviene pronto, la empresa advierte que el escenario de liquidación podría ser inevitable.
Incertidumbre y expectativa
Mientras la empresa espera una respuesta de la Corte Suprema de la Nación, los trabajadores se enfrentan a un presente de incertidumbre total. La imposibilidad de cobrar sus salarios en tiempo y forma agrava aún más una crisis que parece no tener final, mientras que la demora judicial sigue actuando como un ancla que impide cualquier recuperación real.
Con más de 1.200 empleados directos y miles de trabajadores indirectos afectados, el desenlace de esta historia no solo marcará el futuro de Vicentin, sino también el de toda la cadena agroindustrial que depende de su continuidad.
