El proceso de salvataje de Vicentin sumó un capítulo decisivo tras las impugnaciones que el juez Fabián Lorenzini reconoció sobre la propuesta presentada por Grassi S.A., que había sido declarada inicialmente como la primera en alcanzar las mayorías de capital y adhesiones. El magistrado abrió un plazo de cinco días hábiles para que la cerealista responda y otros cinco días para que la sindicatura intervenga. Con ese escenario, crece la duda sobre si el juzgado podrá emitir una resolución de fondo antes de fin de año.
En ese contexto, llegó la voz desde el consorcio integrado por Molinos Agro y Louis Dreyfus Company (LDC), que impugna formalmente la propuesta de Grassi. Su representante, la abogada Julia Villanueva, dialogó con Cadena 3 Rosario y fue categórica al afirmar que la oferta presentada por la cerealista “no debería ser aprobada” y que contiene “vicios y problemas jurídicos muy serios” que la vuelven inviable.
Villanueva no es una figura menor en el derecho concursal argentino. Tal como recuerda Infobae, fue jueza de la Cámara Nacional en lo Comercial de Buenos Aires durante años y en 2024 se incorporó como socia al estudio BOMCHIL, uno de los más influyentes del país. Su opinión técnica tiene peso en el análisis del dossier.
La abogada explicó que la propuesta de Grassi obliga a los acreedores a firmar contratos de suministro de soja durante una década como condición para cobrar, transformando al acreedor en proveedor forzado de la futura operadora. Señaló que, desde el punto de vista jurídico, un deudor concursado debe proponer cómo pagará, pero no puede exigir que quienes le reclaman se conviertan en parte de la cadena productiva. Describió ese esquema como “algo que no existe ni en Argentina ni en ninguna legislación comparada”.
Para Villanueva, el modelo planteado por Grassi implica un riesgo elevado porque los pagos dependen de volúmenes de soja entregados por los acreedores, de bonificaciones sujetas a condiciones inciertas y de una estructura operativa sin capitalización genuina. A su criterio, la propuesta carece de garantías mínimas y expone a los acreedores a la posibilidad real de no cobrar.
La abogada también objetó la participación en la votación de sociedades vinculadas a Grassi, entre ellas Commodity S.A., a la que calificó como “controlada por Grassi” y por lo tanto impedida de votar según la Ley de Concursos y Quiebras. Más grave aún consideró la cesión de créditos internacionales a la firma Avir Saus, que concentra alrededor del 37% del poder de voto y, por ese volumen, posee capacidad de veto. Villanueva afirmó que existen elementos que indicarían que Avir Saus actúa en beneficio directo de Grassi y que la maniobra debe investigarse abriendo prueba, ya que sin esa votación la cerealista no tendría forma de alcanzar las mayorías requeridas.
Consultada sobre los plazos, la ex camarista sostuvo que si el juez decide abrir a prueba —algo que considera probable— la causa no tendrá definición antes de 2026. De todos modos, destacó que el juzgado de Lorenzini lleva adelante el expediente “con conocimiento jurídico y con agallas”, y que no observa irregularidades procesales.
Villanueva también respondió a quienes plantean que las impugnaciones obstaculizan la normalización de Vicentin. Aseguró que el objetivo de sus clientes es exactamente el contrario y que la propuesta del consorcio Molinos Agro–LDC es la única que ofrece capitalización inmediata y un plan operativo sustentable. “Mis clientes sí ponen la plata. Lo que prometen pagar sale de su propio bolsillo. Grassi quiere poner en marcha una empresa sin capital genuino, algo que no es serio”, señaló.
En los próximos días comenzará a correr el cronograma procesal: la respuesta de Grassi, la intervención de la sindicatura y la eventual apertura a prueba. Todos los caminos indican que el tramo final del salvataje será complejo, con disputas jurídicas de alto nivel y un peso decisivo del análisis técnico que encabezan las partes impugnantes.
