Las elecciones y la violencia sindical no son fenómenos ajenos en la historia argentina. Por el contrario, han caminado juntos durante décadas. El asesinato de José Ignacio Rucci en 1973 o la creación de la Triple A por parte de José López Rega para eliminar a los opositores internos del peronismo son apenas ejemplos de una práctica arraigada: disputar el poder con métodos mafiosos.
Hoy, con la figura de Cristina Fernández de Kirchner fuera de la escena tras su condena judicial, el movimiento sindical argentino busca reconstituirse. Y lo hace como sabe: apostando por aliados electorales para volver al centro del poder.
Esta semana, la Intersindical de Rosario —una agrupación que nuclea a gremios como Luz y Fuerza, Amsafé, Municipales y otros— publicó un comunicado llamando a todos los candidatos peronistas disidentes a bajar sus listas para respaldar a Juan Monteverde, el concejal de Ciudad Futura y ex candidato a intendente de Rosario, hoy con aspiraciones legislativas.
Monteverde representa un espacio muy cercano al Movimiento Evita, el mismo que en San Lorenzo postula a Yazmín Petrillo como segunda candidata a concejal junto a Esteban Aricó. La estructura territorial del Evita se hizo sentir el lunes en varios barrios sanlorencinos. SL24 expuso cómo una militante, vestida con ropa de la EPE —empresa provincial de energía—, tocaba timbres ofreciendo beneficios a cambio del voto para la lista de Aricó. El gremio de Luz y Fuerza, al que pertenece esa trabajadora, integra la Intersindical rosarina que ahora se blanquea como actor político en esta elección.
Pero el lunes también ocurrió otro hecho inquietante: a las 19:45, en plena actividad de un instituto de inglés lindero, gatilleros dispararon contra la sede de la UOCRA en calle Urquiza al 400. La balacera, con niños en clase a pocos metros, generó pánico. ¿Una amenaza interna del gremio? ¿Una señal para otros sindicatos? ¿Una advertencia más amplia?
La coincidencia del atentado con la recta final de la campaña electoral genera sospechas. Y si bien las investigaciones están en marcha, lo cierto es que los métodos de violencia gremial se combinan, una vez más, con la puja por el poder político.
La pregunta es inevitable: ¿qué pasa si esto recién empieza? ¿Si los gremios, sin liderazgo fuerte a nivel nacional, empiezan a disputar territorio a través de sus estructuras, candidatos propios y prácticas que rozan la ilegalidad?
San Lorenzo, cabecera del departamento más productivo del país, no puede permitirse que los mismos métodos que pusieron en jaque a Rosario lleguen a su territorio. Las campañas deben ser un espacio de discusión política, no de extorsión y miedo. Y los dirigentes, oficialistas y opositores, deberán encontrar —después de este proceso electoral— un acuerdo mínimo: garantizar que la democracia se ejerza sin balas, sin patotas y sin uniformes utilizados como escudo para hacer política partidaria.
Porque si lo que se juega en estas elecciones es quién maneja el poder en la región, es momento de recordar que el poder no se disputa con violencia, sino con propuestas, ideas y votos. O al menos, así debería ser.
