La CGT Rosario emitió un documento en el que carga contra el empresariado y también contra las estructuras gubernamentales por la detención e imputación penal de un dirigente sindical, en este caso Román Moyano, secretario gremial de Smata, aprehendido la semana pasada por la policía sanlorencina mientras participaba d euna movilización en protesta al despido de más de 20 operarios en Guerrero Motos.
“Este hecho de profunda gravedad socava las garantías constitucionales, ante el cual el Movimiento Obrero no puede ni debe permanecer pasivo y en consecuencia tiene que expresarse públicamente”, indicaron dese el confederal rosarino.
En ese descargo, aparece el Ministerio de Trabajo de la Provincia, al referirla como una repartición “inoperante e incapaz de solucionar un conflicto laboral de larga data”.
“Resulta difícil entender como una empresa fabricante de motos (Guerrero) que percibe la asistencia del Estado Nacional para el pago de los salarios -ATP- desoye e incumple las citaciones de conciliación obligatoria y el Ministerio de Trabajo Provincial no recurre a la fuerza pública para cumplir su cometido”, acotaron.
También se apuntó a la Fiscalía de San Lorenzo, que ordenó la detención del sindicalista, y más precisamente a Aqueiles Balbi, quien firmó tal instructivo que prohibía cualquier bloqueo para el acceso o egreso de la fábrica, lo que a la hora de la protesta indicada, no se cumplió.
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Pullaro el más Peronista de los Radicales“El fiscal Aquiles Balbis, con una indisimulada inclinación patronal criminaliza y judicializa un reclamo laboral y termina deteniendo al compañero Román Moyano, quien estaba cumpliendo su función de defender los derechos de sus representados”, detallaron.
“Esta reprochable conducta que vulnera los artículos 14 y 14 bis de la Constitución Nacional; los convenios internacionales con la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre libertad sindical; y el artículo 1º y concordantes de la ley 23.551 de asociaciones sindicales, merece una sola calificación: antiobrera y pro-patronal”.
Por última, alientan a que desde la Legsiatura Santafesina se tome carta en el asunto.
“Quizás alguno de los 69 legisladores provinciales encuentre en esta conducta, y en el marco de la Constitución Provincial, elementos validos para iniciar a este fiscal antiobrero un juicio político por mal desempeño en sus funciones”, definieron.
Los cegetistas también evidenciaron su desazón porque esos hechos ocurren durante un gobierno con el que coinciden políticamente.
“Más increíble y doloroso es reconocer que esto nos pasa en un gobierno peronista. Las estructuras gremiales fueron parte importante en el logro electoral que terminó con 12 años de ineficacia en el manejo de la cosa pública. (alusión al Frente Progresista). No buscamos privilegios. Queremos que se nos respeten las conquistas conseguidas, basadas en el pensamiento doctrinario, que tuvo su origen en el nacimiento de un movimiento nacional y popular”. mencionaron.
“Tampoco nos sorprende el silencio cómplice de algunos sectores ligados al peronismo. Tal vez estén ocupados en armar listas para el próximo turno electoral. Y seguramente están pergeñando alguna estrategia para seguir marginando al Movimiento Obrero. A esto le respondemos que lo que no nos mata, nos fortalece”, agregaron.
Tras estos argumentos, los integrantes de la CGT Rosario, resolvieron:
-“Repudiar enfáticamente la criminalización y judicialización de todo reclamo laboral, acaecidos sistemáticamente en muchas organizaciones gremiales como camioneros, sanidad, médicos, metalúrgicos, remiseros, comercio, y gastronómicos, entre otras, y en este caso especifico del SMATA, el promovido por el fiscal Aquiles Balbis y del que resultara victima el secretario gremial Román Moyano”.
-“Solidarizar con el sindicato, con el compañero y con su familia, ante el escarnio público al que fue sometido, salvaje e injustamente”.
-Peticionar una audiencia pública al gobernador de la provincia, al presidente de la Corte Suprema de Justicia y al fiscal general de la provincia, para exigir el cese del hostigamiento y la persecución de los trabajadores y sus representantes ante los justos reclamos laborales”.
-“Determinar el estado de alerta y movilización y coordinar las medidas necesarias para responder como Movimiento Obrero Organizado a estos abusos judiciales que estamos padeciendo”.
