María Eugenia Iribarren, fiscal regional de Rosario, reveló números impactantes sobre la tasa de homicidios que registra Rosario: en lo que va del año, acumula una media de 20 muertes cada 100 mil habitantes, mientras que la ciudad de Córdoba tiene 3 homicidios cada 100 mil habitantes. “Lo peor de todo es que hasta 2009 teníamos los mismos números: ellos los mantuvieron y nosotros explotamos”, evaluó la funcionaria, quien calificó de “exorbitantes” estos números.
En entrevista con Marcelo Fernández en el programa ‘Así Estamos’, que se emite los domingos a la medianoche por Telefe Rosario, la fiscal regional interina (sucedió en el cargo al condenado Patricio Serjal), consideró que para combatir la narcocriminalidad “hace falta, en primer lugar, es continuidad en el diseño de las políticas a corto, mediano y largo plazo”. Y abundó: “Hace dos años que soy fiscal regional interina y en este período pasaron tres ministros de Seguridad con sus respectivos gabinetes y una innumerable cantidad de jefes de Policía. Eso hace muy difícil planificar políticas y estrategias para abordar los delitos.
Estos cambios dificultaron mucho la generación de un vínculo que permita planificar a mediano y largo plazo. Eso es fundamental. El delito, y más por cómo avanza en Rosario, no se va a terminar de un día para el otro con parches o soluciones mágicas”.
La funcionaria indicó que en Santa Fe se da la particularidad de canalizar a través de la Justicia penal cualquier tipo de reclamo. “Se exige que en ese ámbito se resuelvan todos los problemas, hasta el aumento de las tarifas”, apuntó. “Un ejemplo: en 2019, en la provincia de Córdoba ingresaron al sistema penal 69.000 causas; en Santa Fe, 280.000. No significa que hayan existido 280.000 delitos pero sí son todos reclamos en los que se pide a la Justicia penal que resuelva todo con la tercera parte de los recursos humanos que tiene Córdoba”, advirtió.
A la hora de comparar la disparidad de números de homicidios entre Rosario y Córdoba, 20 muertes contra 3 cada 100 mil habitantes en lo que va del año, Iribarren planteó: “Es para pensar qué nos pasó, también desde el aspecto social. Los gobiernos locales tienen mucha responsabilidad en eso. Incluso el gobierno nacional debe pensar qué hizo para que en Santa Fe se llegara a esta situación, porque Rosario y Santa Fe hacen disparar los números a nivel nacional. Es difícil abordar toda la criminalidad cuando no todos los sectores del Estado acompañan con un objetivo en común a corto, mediano y largo plazo”.
En ese sentido, hizo evidente la escasez de recursos con que cuentan para combatir los delitos. “Es un desafío administrar los recursos que tenemos, que son siempre los mismos y no los aumentan si aumenta la criminalidad. Tenemos fiscales que se han jubilado y otros de licencia, y no hay recambio, lo cual nos reduce la capacidad operativa. Tenemos una limitada cantidad de empleados administrativos para que nos asistan y en quienes podemos confiar investigaciones que a veces es difícil confiarle a la Policía. Y, en medio de esta situación, nos tenemos que replantear cómo abordar el delito de una forma más eficiente y establecer prioridades”, sostuvo.
El problema en la cárcel
“Lo que ocurre en las cárceles no es una cuestión propia de la provincia de Santa Fe, es una preocupación en todos los países”, aclaró Iribarren, quien indicó que “al profundizar en las investigaciones se puede advertir que en la mayoría de los casos llegan hasta el Sistema Penitenciario las personas que buscamos como responsables de los delitos más graves. Venimos trabajando con el Ejecutivo y con el Servicio Penitenciario para neutralizar de la mejor manera posible esto que pasa”.
Elección de los fiscales
Por estos días se desarrolla la elección de autoridades del MPA, entre ellos el cargo de fiscal general y fiscales regionales, claves para el desarrollo de la Justicia en los próximos años. Hay no pocas voces que se hicieron oír para cuestionar la transparencia del proceso de selección.
Según Iribarren, quien se postula para ocupar el cargo de fiscal general y el de regional de Rosario, “es preocupante y para reflexionar mucho sobre cómo se piensa desde la política estos procesos”.
“La gente no termina de ser consciente de la relevancia que tiene, para el funcionamiento de las instituciones y de la provincia, el Ministerio Público de la Acusación y el rol de los órganos de dirección, tanto los fiscales regionales como el fiscal general y la auditoría. El MPA, desde su creación, tiene un diseño positivo. El modo de selección y la renovación de autoridades es algo que impacta en la vida cotidiana de las personas. Que todo ese proceso esté rodeado de tantos cuestionamientos, al punto de que muchos jurados terminaron pidiendo su apartamiento del tribunal, es preocupante. Hay que pensar en cuánto se está favoreciendo a la vida institucional de la provincia y en cuánto está perjudicando la credibilidad de la gente sobre las instituciones”, expresó.
En la misma línea, calificó de “muy grave” la injerencia que tiene la Legislatura sobre el control del desempeño de los fiscales. “Es muy grave lo que sucede porque uno de los pilares del MPA es que pueda investigar con independencia sin importar quién sea el investigado, siempre que haya una sospecha de delito. Esa independencia no puede asegurarse si el poder disciplinario de un fiscal queda en manos de un poder del Estado, en este caso la Legislatura, que dicho sea de paso no tiene una formación técnica y jurídica para evaluar una falta disciplinaria”, dijo.
En ese sentido, abordó un caso paradigmático de las dificultades que tiene el MPA para investigar, el del senador Armando Traferri: “Más allá de Traferri, la cuestión es de qué manera se garantizan la igualdad ante la ley y la transparencia de las instituciones, y la posibilidad de que se pueda investigar a una persona, sea quien sea”.
“Si bien el diseño constitucional que tenemos es antiguo porque se creó en otro contexto histórico y amerita su análisis, el planteo que se hace desde la Fiscalía sobre el caso Traferri es que se impide incluso imputarle los cargos a un senador provincial (algo que sí se podría hacerlo con uno nacional), lo cual no permite el ejercicio de la debida diligencia reforzada que nos mandan los tratados internacionales de lucha contra la corrupción”, manifestó Iribarren, quien concluyó: “Nadie dice que el senador es culpable, eso será tarea de un juez si se llega a esa instancia; la cuestión es que ni siquiera hemos podido superar la instancia de informarle cuáles son los delitos que contamos para imputarlo y cuál es la evidencia para llevar adelante esa acción”.
