Las empresas SAP y Milisenda fueron denunciadas por el Sindicato de Estibadores de Puerto San Martín en septiembre del año pasado por presuntas deudas previsionales con los estibadores nucleados en el gremio, producto de esta denuncia el gremio decidió prohibir la nominación de jornaleros a través del CEDECOM para que trabajen para las empresas estibando en los diferentes puertos de Puerto San Martín y Timbúes.
El último día hábil del año, la Cámara Federal de Apelaciones de la ciudad de Rosario rechazó un planteo de nulidad interpuesto por SUPA que buscaba dejar sin efecto la resolución que permitía a las empresas volver a trabajar.
El recurso fue impuesto en el mes de Septiembre de 2022 por parte del Juzgado Federal Nro. 1 de Rosario, una medida cautelar que impedía a las empresas SAP y Milisenda, nominar personal a través del CECON, hasta tanto abonaran el monto de $ 182.809.902 en concepto supuestas deudas derivadas de la tasa de uso y los aportes a la seguridad social.
Esta medida fue apelada por ambas empresas quienes solicitaron la sustitución de la medida cautelar mediante el depósito de la suma de $ 182.809.902 y, en el mes de Octubre del año pasado, la Camara Federal le dio la razón y ordenó que cese la prohibición para nominar gente.
Como última instancia, el SUPA planteó la nulidad de esta medida lo cual fue rechazada por la Cámara el 29 de Diciembre de 2022, en la misma línea, tanto Anses como AFIP determinaron, raíz de una denuncia realizada por el SUPA contra las empresas de estiba, que las mismas se encuentran al día con los aportes y contribuciones de todos los trabajadores.
Conforme las fuentes judiciales consultadas, hoy no existe impedimento legal para que las empresas de estiba puedan volver a trabajar.
Paralelamente Milisenda Servicios Portuarios SA y Servicios y Asesoramiento Portuario SRL iniciaron una demanda millonaria por daños y perjuicios contra el SUPA y su Comisión Directiva.
