El Gobierno había puesto la mira en un viejo régimen productivo que deja en manos del Estado la generación de una oferta cartelizada, con un mercado cautivo y un precio fijado discrecionalmente que le garantiza multimillonarios ingresos a un puñado de empresas dedicadas a la producción de biocombustibles, pero ya le habrían torcido el brazo para propinarle su primera derrota legislativa.
Desde 2007, la Secretaría de Energía decide qué empresa puede vender biocombustibles en el mercado argentino, cuánto volumen puede producir y a qué precio lo venderá. Los compradores están garantizados: son las compañías productoras de combustibles que deben mezclar esos derivados de soja, maíz y caña de azúcar con sus gasoils y naftas.
Dos grupos empresarios se reparten un tercio de todo el biodiesel que el Estado asigna discrecionalmente mensualmente, y tres grupos se quedan con más de la mitad del negocio del bioetanol que se mezclará con la nafta.
Las empresas productoras de combustibles mantendrán la prohibición de elaborar biocombustibles, pese a que era algo que el Gobierno proponía modificar dado que “la proliferación de restricciones limita severamente la competencia” en los mercados y contribuye a distorsionar artificialmente los precios”, había dicho.
Aunque la letra que el Gobierno negocia con las provincias de Córdoba y Santa Fe señala que “la participación de mercado de cada una de las empresas no podrá exceder el 14% de la demanda total”, en los hechos nada cambiará.
Como los beneficios del esquema que inicialmente se impuso en 2007 por un lapso de 15 años (pero en 2021 fue extendido hasta 2030) fueron reservados solo para pequeñas y medianas empresas, Juan Carlos Bojanich montó seis sociedades distintas para encajar con fórceps en el sistema. Tiene Biobahía SA, Biobin SA, Bio Ramallo SA, Biobal Energy SA, Bio Corba SA y Refinar Bio SA.
Con esas 6 pymes, constituidas individualmente para encajar en el esquema de beneficios a los biocombustibles, se queda mensualmente con el 22% del mercado del biodiesel.
Además de ese conglomerado, se destaca el que constituyen Rosario Bioenergy, Bionogoya y Establecimiento El Albardón, todas propiedad del mismo grupo, Essential Energy Holding. Sumadas, las tres pymes se quedan cada mes con el 11% del biodiesel.
El Albardón se encuntra dentro de un predio de la empresa T6 en la ciudad de Puerto San Martín. En ese predio industrial también se contruyó la empresa Unitecbio, que pertenece al grupo de empresas del poderoso empresario Eduardo Eurnekian. La ley de fomentos de empresas pymes en Argentina siempre termina enroscada con grupos con fuerte poder de lobby en los diferentes gobiernos que terminan desvirtuando el espiritu de crecimiento y capilaridad empresarial.
Los gobernadores de Santa Fe y Córdoba fueron a dar la pelea por las modificaciones que a todas luces parace solo favorecer a pocos grupos economicos que concentra casí la totalidad del comercio interno de bicombustibles.
Entre los grupos Bojanich y Essential Energy Holding venden a las petroleras, por decisión del Estado y a precio regulado por el Estado, el 33% de todo el biodiesel que se expide en el país. A precios de diciembre 2023, ese 33% de la torta son $30.273,4 millones de pesos cada mes.
Fuente: infobae – mercado de bio argentino
