Vaudagna, quien ocupó su cargo entre 2014 y 2020, fue imputado por utilizar su posición para asesorar a contribuyentes en la evasión fiscal y facilitar el lavado de activos, a través de cuentas offshore y una serie de maniobras ilegales. Además de sus acciones con empresarios, la acusación también involucra el uso de su influencia para llevar a cabo persecuciones injustificadas, coordinadas con Bailaque, a empresarios como Claudio Iglesias y Jorge Oneto.
En su declaración, Vaudagna reveló detalles clave de su implicación en varias causas de corrupción institucional, incluyendo su participación en acciones concertadas con figuras del poder económico y político de la región. A lo largo de su testimonio, aceptó los cargos de incumplimiento de deberes, tráfico de influencias, asociación ilícita y lavado de dinero, delitos por los que se enfrenta a una pena de hasta seis años de prisión. Sin embargo, como parte de su colaboración con la justicia, podría beneficiarse de una condena condicional.
El acuerdo de colaboración con los fiscales federales de Rosario, Santa Fe y Reconquista, que comenzó a negociarse en enero, también incluye la entrega de su teléfono celular y las claves de acceso a sus comunicaciones, permitiendo avanzar en otras investigaciones relacionadas con la causa.
Este giro en la investigación, que tuvo lugar en la sede de la Procuración de Lavado de Activos en Buenos Aires, ha puesto en evidencia las estrechas conexiones entre el poder judicial, el empresarial y la política en la región, sacudiendo los cimientos de la confianza pública en las instituciones.
Fuente: Hernán Lascano/La Politica On Line
